A falta de un trimestre para que finalice este año, el número de
connacionales repatriados llegó ayer, con dos vuelos procedentes de Arizona, a
42 mil 314, según la Dirección General de Migración (DGM), 11.1 por
ciento más que los 38 mil 79 que arribaron al país en esa misma condición en
los primeros nueve meses del 2013.
Julia
González, secretaria ejecutiva de la Mesa Nacional para las Migraciones
(Menamig), criticó que el Estado no avanza en concretar una política que
favorezca a la población que es retornada, por lo cual la migración forzada se
mantendrá, pese al endurecimiento de las políticas antiinmigrantes en EE. UU. y
México.
“Cuando
en nuestro país no tenemos garantizados el derecho a la vida, los derechos
económicos, sociales y culturales, y cuando hay graves problemas de
inseguridad, la población migra”, afirmó ayer la activista, en una conferencia
de prensa en el HOTEL
Princess, zona 10 , donde se dio a
conocer una campaña por medio de la radio sobre los derechos de los migrantes.

Según
González, “el país no cuenta con una política migratoria, y aunque hay
acciones y leyes, no están articuladas, y si seguimos con acciones de gobiernos
siempre habrá borrón y cuenta nueva”.
Más riesgos
Juan
Luis Carbajal, integrante de la Pastoral de Movilidad Humana de la iglesia
Católica, calificó el incremento de las deportaciones de “preocupante”, ya que
demuestra que la migración irregular continúa.
El
aumento de los controles fronterizos, indicó Carbajal, causará que los
indocumentados busquen nuevas rutas para cruzar México y llegar a EE. UU., lo
que se traducirá en mayores riegos y en un aumento del costo de la migración
ilegal.
“Van
a aumentar las muertes de migrantes en el trayecto, así como los robos y los
secuestros y las cuotas que les cobran en el camino tanto oficiales como otras
personas que tienen dominio de ciertos territorios”, advirtió el religioso.
Expresó
que “si el problema no se ve de una forma integral, erradicando las causas, las
migraciones van a seguir”.
Jean
Paul Briere, presidente de la Comisión del Migrante del Congreso, también
criticó la falta de acciones del Estado para atender a la población migrante
retornada y demandó una mejora de la política migratoria gubernamental, la cual
calificó de “débil”.
“La
respuesta que el Gobierno ha dado a los deportados es nula. Los adultos
que regresan a Guatemala se pierden e incluso muchos de los que vienen tienen
que ver cómo se regresan a sus localidades. Siempre que exista una mejor
oportunidad en otro país, pues obviamente las personas van a seguir migrando”,
indicó Briere.
“Lo
que más preocupa es que muchos regresan con deudas o perdieron sus casas y
terrenos para pagar el viaje. Vienen con más preocupaciones y un peso encima, y
con la presión de sus familias de no cumplir el sueño”, refirió el legislador.
Wálter
Batres, miembro de la Mesa Comunitaria de Trabajo Guatemalteca en Los Ángeles
EE. UU., expuso que las deportaciones se han incrementado en parte por el
aumento de detenciones de connacionales que ya radicaban en aquel país.
Según
Batres, se han retomado las detenciones “a domicilio”, en los hogares y sedes
de trabajo de algunos guatemaltecos por haber cometido faltas menores. “La
separación familiar que hemos sufrido no tenía antecedentes recientes”, aseguró
el líder migrante.
Reportes
Fernando
Lucero, portavoz de la DGM, indicó que del total de connacionales
deportados en 361 vuelos de enero a septiembre, cinco mil 239 son mujeres, 120
niños y 42 niñas.
Además,
señaló que desde junio, cuando estalló la crisis humanitaria en EE. UU. por el
incremento de menores migrantes, 32 madres con hijos —unidades familiares— han
sido deportadas, incluidos 46 niños y niñas desde 0 hasta 15 años.
Según
Alejandra Gordillo, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Apoyo al
Migrante de Guatemala (Conamigua), la mayoría de guatemaltecos deportados son
originarios de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y Quiché, que
juntos suman el 50 por ciento de los expulsados desde EE. UU.
Otros
departamentos que también muestran una alta incidencia de expulsados son
Jutiapa, Totonicapán, Guatemala y Chiquimula, cuyos deportados representan
entre el 4 y 5 por ciento del total.
Conamigua
reveló que en lo que va del año 37 guatemaltecos han muerto en el desierto de
la frontera sur de EE. UU., entre ellos un menor de edad, de 230 que perecieron
en el intento por establecerse en aquel país.
Trabajan plan
El
vicecanciller Óscar Padilla reconoció que la migración irregular hacia EE. UU.
solo se detendrá si existen mejores condiciones de vida en las comunidades de donde
son originarias estas personas, y destacó la elaboración conjunta entre
Guatemala, El Salvador y Honduras del Plan de Alianza para la Prosperidad del
Triángulo Norte, cuyo objetivo es reducir las causas de la migración.
“A
través del plan, que fue diseñado y elaborado con los insumos de los tres
países, se pretende en un período de cinco o 10 años elaborar una
estrategia de desarrollo económico, social y de SEGURIDAD
ciudadana y fronteriza que combata las
causas estructurales que promueven la migración”, subrayó el funcionario.

Padilla
afirmó que los consulados de Guatemala en EE. UU. brindan apoyo a los
guatemaltecos que son detenidos por la Patrulla Fronteriza para su deportación.
Prensa Libre
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