¿Ni permiso de trabajo ni asistencia
social? Estos son los cambios que se han llevado a cabo en los últimos años
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Hasta hace algunos años cuando
hablábamos de refugiados en Canadá asociábamos la idea con el orgullo de ser un
país con tradición humanitaria, un país que protegía al que sufre persecución.
Los canadienses nos sentíamos orgullosos de hacer parte de un país que salvaba
vidas, nos sentíamos orgullosos de ofrecerles un nuevo comienzo y de garantizarles SEGURIDAD en todos los
sentidos, incluyendo la posibilidad de ser financieramente independientes y de
contar con cobertura de salud.
Sin embargo, desde hace unos pocos
años estamos visto como los cambios a ley y las razones que se dan para
hacerlos, nos han llevado a ver los refugiados como una carga para el país,
como personas que vienen a abusar de nuestra generosidad.
Con el fin de desincentivar
aplicaciones de refugio, la ley les quitó a los refugiados la cobertura de
salud desde el 2012 y posteriormente a muchos de ellos también les quitó el
derecho a ser financieramente independientes al negarles la opción de solicitar
permiso de trabajo. La restricción de solicitud de permiso de trabajo es
efectiva para los nacionales de países designados, entre los que se encuentran
México y Chile.
Ahora tenemos una propuesta de ley
presentada de forma privada que le da a las provincias la potestad de hacer
algunos cambios en la ley de asistencia social que dejaría a los refugiados sin
la posibilidad de solicitar esta ayuda (welfare).
Normalmente las razones dadas para
hacer estos cambios a la ley corresponden a razones económicas. Normalmente los
comunicados de prensa nos hablan de los miles de dólares que nos costarán a
nosotros, los “taxpayers”, los servicios o beneficios que obtendrán quienes no
los merecen.
A pesar de que algunos de los objetivos
del Acta de inmigración y Refugio con respecto a los refugiados son el de darle
soporte a la auto-suficiencia y al bienestar social y económico de los
refugiados y el de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los seres humanos, los cambios a las leyes están dejando a los refugiados
sin medios para sobrevivir en Canadá, ya sea a través de su propio trabajo o a
través de asistencia social. ¿Cómo van a pagar los solicitantes de refugio
provenientes de pases designados por sus necesidades básicas como comida, techo
y vestido? ¿No son éstos derechos fundamentales del ser humano? ¿Lo que está
ocurriendo en este momento con los refugiados no contradice los objetivos de
nuestra ley y nuestra tradición humanitaria?
Como canadienses y residentes de este
país, que nos sentimos orgullosos de nuestro pasaporte o esperamos con ansias
el día que podamos tenerlo, tenemos dos opciones, o abrimos la puerta de
nuestras casas a quienes llegan en las condiciones en las que llegarán los
refugiados en caso de que los cambios a esta ley sean aprobados, o le hacemos
saber al Parlamento que no estamos de acuerdo con estos cambios. Es tan fácil
como enviar un e-mail al Miembro del Parlamento de nuestra zona o a las
organizaciones que lideran campañas en contra de estos cambios. Nuestras voces
se oyen y los cambios se dan, o se revierten en la medida en que los pidamos.
Un claro ejemplo es el que están marcando los profesionales de salud.
En el 2012 cuando los cambios a la
ley le quitaron a los refugiados el cubrimiento de salud – poniendo en riesgo
la vida de mujeres en embarazo, niños, ancianos y personas con enfermedades
como diabetes que necesitan medicina permanentemente – el argumento fue, como
siempre, el costo. Muchos médicos, enfermeras y profesionales de la salud se
unieron en una campana llamada “59 cents campaign” – porque según esta campaña,
59 centavos es lo que nos cuesta al año a cada uno de nosotros, residentes y
ciudadanos, la salud de los refugiados-. Los profesionales del área de salud se
unieron y en flagrante oposición al gobierno decidieron prestar sus servicios
primero y pelear la cuenta luego. Estos profesionales pusieron por encima la
vida de los refugiados y se olvidaron del dinero, haciendo honor a la
naturaleza humanitaria de sus profesiones. Tanta fue su presión que algunos
gobiernos provinciales resolvieron tomar en sus manos las cuentas de salud de
los refugiados y enfrentarse al gobierno federal, a tal punto que hoy en día
Ontario, Quebec y Manitoba ofrecen ciertos servicios médicos sin costo para
refugiados. Tanta y tan fuerte ha sido la presión ejercida por los
profesionales de la salud que la Corte Federal, en un fallo que ahora el
gobierno está apelando, determinó que no prestarle servicios de salud a los
refugiados es considerado trato cruel e inhumano y por tanto contrario a los
objetivos de nuestra Acta de Inmigración y nuestros valores como seres humanos.
A pesar de que la apelación
presentada por el gobierno impide que se restituya el servicio de salud a los
refugiados inmediatamente, lo más importante del resultado obtenido por los
profesionales de la salud es el tener la certeza de que la unión hace la
fuerza. Que aunque cueste trabajo podemos lograrlo. Ojala pudiéramos evitar
desde el principio que los cambios se hicieran para no tener que recurrir a
medidas correctivas, como lo es la Corte Federal, que tardan años.
En este momento tenemos dos opciones,
o abrimos la puerta de nuestra propia casa para ALOJAR los
solicitantes de refugio que no tendrán acceso a asistencia social ni permiso de
trabajo cuando pase esta propuesta de ley, o apoyamos las instituciones que
pelean por reinstaurarles al menos una de las dos opciones. Porque de lo
contrario resignarnos a ver familias enteras durmiendo en la calle o buscando
comida en las basuras podría terminar siendo la tercera opción.
Claudia Palacio
Claudia es una asesora certificada de inmigración canadiense (CSIC M095172), graduada con honores del Programa de Certificado Profesional de Inmigración de Seneca College.
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