¿Pero qué pasa con las leyes de inmigración en América Latina?

Costa Rica:
En marzo de este año entró en vigencia en Costa Rica una ley de inmigración que ha generado miedo y confusión entre los cientos de miles de nicaragüenses que viven en ese país como indocumentados.
La nueva norma define medidas destinadas a un mayor control, con la creación de una policía migratoria que tiene el derecho de ingresar a cualquier sitio y efectuar inspecciones en hoteles y lugares de trabajo, e incluso centros de diversión, sin necesidad de una orden judicial.
El tema ha sido ampliamente debatido en los diarios de Nicaragua, muchos de los cuales comentaron que esta legislación no dista mucho de la de Arizona.

Por su parte, las autoridades han destacado que la ley incluye criterios para que los funcionarios actúen con pleno respeto a los derechos humanos, algo que no existía en la normativa anterior.
El problema, según Gigi Bonnici, consultora en temas migratorios basada en México, “es que es casi imposible entrar en casas privadas sin orden judicial y decir que está cumpliendo con el respeto a los derechos humanos. Representa una violación al derecho de la privacidad. Faltaría ver cómo se irá aplicando esto”.
Bonnici agregó que Costa Rica “es un país donde los migrantes sufren alto grado de discriminación y este tipo de acciones lo empeora, porque hace que la sociedad los vea como delincuentes”.
Según Larry Burns, director del Consejo para Asuntos Hemisféricos, una organización de EE.UU., se trata de una ley destinada a generar recursos para el Estado costarricense y eso explica las altas multas.
“En Costa Rica hay un gran resentimiento con la cantidad de inmigrantes ilegales que llegan al país y tienen acceso a educación y salud en forma gratuita, en un momento en que los servicios sociales carecen de los recursos necesarios”, afirmó.
Varios organismos de derechos humanos incluyendo el Servicio Jesuita de Migrantes, denunciaron que se han cometido una serie de “arbitrariedades” en los primeros tres meses de aplicación de la norma.
“Denunciamos enérgicamente también el abuso de las autoridades cuando les decomisan los pasaportes y los rayan de manera arbitraria, siendo el pasaporte un documento de identidad personal. El decomiso y la afectación de los pasaportes es una de las violaciones de derechos más preocupantes”, expresaron.