¿Pero qué pasa con las leyes de inmigración en América Latina?

México es el país que más ha protestado por la aprobación de la ley SB 1070 de Arizona, que, según organizaciones civiles, en su forma original promovía la persecución y el hostigamiento de indocumentados.
Pero en materia migratoria, las normas mexicanas se parecen a la que se impugnó en un juzgado federal de EE.UU.
La Ley General de Población (LGP) y su reglamento, que regulan la estancia de los extranjeros en el país, exigen que cualquier autoridad, notarios públicos y hasta corredores de comercio verifiquen la calidad migratoria de los extranjeros que soliciten algún trámite o servicio.
Y eso no es todo. Como en Arizona, en México conseguir empleo también es un riesgo para los indocumentados.
El artículo 74 de la LGP afirma que “nadie deberá dar ocupación a extranjeros que no comprueben previamente su estancia legal en el país”.
De acuerdo con la ley, los únicos que pueden detener a indocumentados son agentes del Instituto Nacional de Migración y policías federales.
Pero en cualquier momento pueden solicitar ayuda a dependencias policiales locales y, de ser necesario, encerrar en prisiones a los extranjeros detenidos, según establece el artículo 94 del reglamento de al citada norma.
Al igual que en Arizona, los policías tienen la posibilidad de interrogar a los inmigrantes en cualquier sitio de México y si encuentran alguna infracción a las leyes “el personal autorizado podrá llevar a cabo su aseguramiento”, dice el artículo 152 de la LPG.
Esto ha generado miles de abusos contra indocumentados, según organizaciones civiles.
“Sirve para extorsionar a migrantes porque en la práctica cualquiera puede detenerlos”, dijo Diana Martínez, coordinadora de atención de la organización Sin Fronteras.

El presidente Felipe Calderón ha reconocido que se han cometido algunos abusos y resaltó que “el país está obligado a darle un trato humano, justo y respetuoso a los migrantes”.
Según organizaciones internacionales, México es uno de los países de América Latina donde más se violan los derechos de los indocumentados, no sólo por las autoridades, sino por bandas de delincuentes organizadas.
Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó más de 10.000 secuestros de migrantes en los primeros meses de 2009, la mayoría cometidos por grupos criminales.