En 10 años México se convirtió en un infierno para las y los migrantes centroamericanos. Son las mujeres las principales víctimas de plagios o trata de personas en su paso hacia Estados Unidos.
“El Estado mexicano no ha hecho nada” para detener las violaciones a los Derechos Humanos (Derechos Humanos) que sufren las y los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, por parte de las autoridades y el crimen organizado, acusan organizaciones civiles especializadas en el tema, las cuales destacan que las mujeres se llevan la peor parte.
La violencia contra las migrantes en tránsito, originarias de esas tres naciones centroamericanas, empeoró hace poco más de 10 años, aunque el punto más crítico se alcanzó durante la gestión de Felipe Calderón, asegura Gretchen Kuhner, coordinadora del Programa de Mujeres del Instituto de las Mujeres en Migración (Imumi).
Advierte que el binomio impunidad-inoperancia del Estado mexicano ha empeorado un problema que se agudizó tras el cambio de ruta de las y los migrantes centroamericanos por los daños que ocasionó en 2005 el huracán Stan a las vías del ferrocarril entre Tapachula y Arriaga, en Chiapas. Desde entonces el paso obligado es Tabasco y Veracruz, estados con altos índices de criminalidad.
Tan sólo en la primera entidad han sido asesinadas 70 personas durante 2011, denunciaron organizaciones civiles ante la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezada por el poeta Javier Sicilia y que desde hace 10 días recorre el sur del país para escuchar testimonios de familiares de migrantes muertos o desaparecidos, y de las víctimas de la guerra de Felipe Calderón contra la delincuencia.
Frontera de la muerte
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documenta que de abril a septiembre de 2010, se perpetraron 214 secuestros masivos de migrantes, en los que hubo 11 mil 333 víctimas; 15.7 por ciento del total son mujeres.
La CNDH señala que el 67 por ciento de los casos ocurrió en el sureste de México, 29 por ciento en el norte y dos por ciento en el centro del país.
Chiapas, Oaxaca y Tabasco, fronterizos con Guatemala, son paso natural de personas centroamericanas hacia Estados Unidos. Agrupaciones expertas estiman que cada año 400 mil migrantes dejan sus países para cruzar la frontera sur de México.
La trata de personas con fines de explotación sexual y laboral (cuyas víctimas son principalmente las mujeres) se ha convertido en uno de los principales problemas en esa zona del país.
Oaxaca y Chiapas son dos de las entidades donde más se capta a víctimas de trata. En la ciudad chiapaneca de Tapachula los tratantes aprovechan la vulnerabilidad de las migrantes centroamericanas para “engancharlas” y explotarlas con fines sexuales o laborales, denuncia el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
A la violencia física y sexual contra las mujeres en tránsito, se suman la extorsión, el secuestro y los asesinatos, advierte Gretchen Kuhner.
Melisa Vértiz, coordinadora de Incidencia del Centro Fray Matías de Córdova, afirma que el gobierno mexicano sabía desde hace siete años que tenía un serio problema en materia de violaciones a los Derechos Humanos de las y los migrantes, pero “no ha hecho nada para solucionarlo”.
Kuhner coincide en que desde 2004 el gobierno federal supo de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra migrantes por personal del Instituto Nacional de Migración y elementos policiacos, durante las redadas y operativos.
Hubo “omisión”, insiste la especialista, y en consecuencia aumentaron los secuestros y extorsiones cometidos por las autoridades.
Acciones aisladas
La integrante del Imumi critica la falta de una política integral para proteger a las migrantes centroamericanas. Sólo hay acciones aisladas que no resuelven el problema de fondo, subraya. Aclara que si bien existe una Ley de Migración aprobada por el Congreso en abril pasado, ésta tampoco garantiza ni seguridad ni el freno a las violaciones a los Derechos Humanos.
En su paso por Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, las y los integrantes de la también llamada Caravana del Sur escucharon cientos de testimonios de familiares de desaparecidos y asesinados en este contexto de migración y de la guerra contra el narcotráfico.
En Chiapas, las organizaciones denunciaron la ocupación militar que vive el estado desde el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, la presencia de grupos paramilitares y la criminalización de la protesta social y de los defensores y defensoras de Derechos Humanos.
La caravana se reunió también con organizaciones centroamericanas para realizar un acto de perdón en Tapachula por los asesinatos y maltrato hacia la población migrante.
La Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) reporta que la trata de personas afecta a seis de cada 10 mujeres en su paso por México.
De junio de 2005 a agosto de 2010, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México identificó 176 casos de trata de personas; su número aumentó a partir de 2007 y se agudizó en 2008 y 2009.
La directora regional de CATWLAC, Teresa Ulloa, explica que el clima de impunidad permite que el crimen organizado, además de explotar sexual y laboralmente a las mujeres, ahora las recluta como “sicarias, halconas o mulas” del narcotráfico.
Nenhum comentário:
Postar um comentário