El Ministerio del Interior de Gran Bretaña resolvió que una niña de cinco años con una grave discapacidad debía regresar a Argelia. El fallo muestra la dureza con que algunos gobiernos europeos atienden los problemas migratorios.
Rania Abdechakour llegó en 2008 a Bolton, en el norte del país, a pasar un tiempo con su tía inglesa Johaina Taleb y su tío argelino Moussa. El objetivo era recibir un tipo especial de fisioterapia, pagada por ellos de forma privada. Los problemas de salud de Rania resultaron ser más graves de los que se creía en un principio. Primero le diagnosticaron parálisis cerebral cuadriplégica. Luego apareció la epilepsia y una tendencia a sufrir convulsiones anóxicas (falta de oxígeno) que le provocaban un paro cardiaco.
Con la aprobación de su madre, los Taleb solicitaron una extensión de la visa por compasión para recibir atención médica y tratamientos adicionales. El Ministerio del Interior accedió y Rania pudo quedarse en Gran Bretaña otros seis meses. Los Taleb se apegaron tanto a su sobrina que cuando estaba por vencer la extensión de la visa quisieron adoptarla, y con consentimiento de su madre solicitaron permiso para que la niña se quedara en el país por tiempo indefinido.
Primero, el pedido fue rechazado por el Ministerio del Interior, pero desestimado por un juez por cuestiones técnicas. Pero el 6 de mayo, los Taleb se enteraron que el segundo rechazo había sido aceptado y que Rania debería regresar a Argelia. La familia apeló e inició una campaña contra la deportación ayudándose de la red social Facebook, que reunió más de 2.500 seguidores en tres semanas. La negativa de la agencia fronteriza se basó en un informe de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) de 2008 que señala que el gobierno argelino ofrece atención médica gratuita a todos los ciudadanos, incluidos niñas y niños discapacitados.
El Ministerio del Interior también alegó que la relación entre Rania y sus tíos no era parental, ignorando las necesidades específicas y la sorprendente mejoría lograda por la niña en Gran Bretaña. Rania concurre a una escuela, donde su maestra principal la describe como “apreciada por alumnos, padres y personal”. Los logros son un testimonio del equipo médico que la atiende, pero también de la gran devoción demostrada por su tía.
Exconsultora en atención médica y social, Johaina Taleb tiene una hija de dos años, pero desde hace más de tres se ocupa de Rania como si fuera suya. Con ocho meses de embarazo, Johaina lucha para detener lo que considera una “pena de muerte”. El fallo del tribunal de apelaciones puede ser emitido en cualquier momento en las próximas semanas. En un café de Bolton, ella reconoció el “pánico total” que le genera la posibilidad de recibir otro rechazo del Ministerio del Interior.
Los Taleb están convencidos de que Rania no recibirá el mismo tratamiento en Argelia que en Gran Bretaña. ”Cuando se tiene una niña pequeña con múltiples problemas médicos, lo sensato es mantener al equipo médico que la trata”, coincidió el médico Roger Walker. “Es increíble los avances que ha tenido y me gustaría que continuaran”, añadió. Hace mucho que el trato dispensado a los menores por las autoridades británicas de migración es objeto de críticas.
Desde 2002, 450 niños y niñas fueron deportados a otros países europeos en el marco del sistema de Dublín, que obliga a los solicitantes de asilo a iniciar el trámite en el país europeo al que llegan primero. El gobierno de coalición anunció el año pasado sus planes de crear “centros de reintegración” en Kabul para albergar a adolescentes afganos que habían llegado a Gran Bretaña en busca de asilo sin sus padres ni tutores.
El caso de Rania es inusual y excepcional, pero la decisión de enviar a una niña en un estado tan precario a un país que ahora apenas conoce es otra señal del clima imperante. La niña fue incapaz de comprender la carta de rechazo del Ministerio del Interior, dirigida a ella. El documento de cuatro páginas le explica que se necesitan “controles de inmigración efectivos para proteger el interés colectivo y los derechos de la población”, y advierte del “daño a una buena administración y control si los solicitantes perciben al sistema como demasiado permeable, impredecible o superficial”.
“El trato que reciben niños y niñas vulnerables del sistema de inmigración es un indicador importante de nuestro comportamiento en una sociedad civilizada”, declaró en febrero el Comisario de Infancia para Inglaterra. Desde hace años, los gobiernos europeos recurren a la deportación o se deshacen de extranjeros ilegítimos o no deseados como instrumento esencial de control de la inmigración. El recurso adquirió urgencia política en el marco de la Primavera Árabe. El gobierno de Italia sostuvo en abril que la deportación de 600 tunecinos había servido para disuadir la inmigración desde África del norte.
La canciller (jefa de gobierno) de Alemania, Angela Merkel, insistió esta semana en que ese país seguiría deportando “inmigrantes económicos” de África del norte. La mayoría de los gobiernos europeos evitan calificar a la deportación como forma de disuadir la inmigración, a diferencia de lo que hizo Italia, y prefieren considerarla una necesidad burocrática para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Pero luego, muchos se sirven de las estadísticas como instrumento político para criticar la falta de severidad y cultivar un aura de solidez e implacabilidad. La dinámica de mutua retroalimentación entre políticos y público contribuyó a crear un sistema institucionalizado de deportación cuya crueldad y falta de humanidad suelen ser pasmosas. La coalición gobernante en Gran Bretaña todavía se tambalea por la respuesta dada la semana pasada por un periódico xenófobo a la noticia de que seguían en el país más de 160.000 solicitantes de asilo, cuya situación no se había resuelto. El hecho de que muchas de esas personas no tuvieran hogar y fueran indigentes, en algunos casos desde hace años, no le impidió condenar la “amnistía a los solicitantes de asilo”.
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