El retorno voluntario tiene a 2.000 extranjeros en lista de espera

La lista de espera de inmigrantes que han solicitado ayudas al Ministerio de Trabajo e Inmigración para regresar a sus países es de algo más de 2.000 personas. Desesperados por el azote del paro en sectores como la construcción, la hostelería o la agricultura, cerca de 30.000 (23.500 en los dos últimos años) han recurrido ya a una de los tres medidas que les ofrece el Gobierno para regresar a sus países.
Las ayudas van destinadas a tres perfiles de personas: las que están en situación de especial vulnerabilidad, las que quieren capitalizar el paro generado durante su estancia en España, y las que buscan desarrollar un proyecto empresarial en su país.
Estos planes comenzaron en el año 2003, pero la mayoría de los inmigrantes se ha apuntado después de 2008. Fue en esa fecha cuando se incluyó la posibilidad de capitalizar el paro, con el denominado Plan Corbacho (por el apellido del anterior ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho) de retorno voluntario.

Sin embargo, el ritmo de salidas no ha cumplido las previsiones del Gobierno. Cuando se presentó este plan, en verano de 2008, el entonces ministro Corbacho calculó que unos 100.000 inmigrantes podrían beneficiarse de él. No habló de plazos, pero al ritmo actual se tardaría más de 11 años en alcanzar esa cifra.

El compromiso que firman quienes se acogen a este programa es el de no volver a España en tres años. No obstante, el borrador del reglamento de la nueva Ley de Extranjería reconoce que tendrán “prioridad” si, pasados estos años, quieren regresar a España. Raúl Jiménez, portavoz de la asociación ecuatoriana Rumiñahui, señala que el compromiso de los tres años ha sido la gran traba para el desarrollo de este programa.

“Los que se quedaron, pensaron que con sus ahorros y el paro podrían sobrevivir hasta que remontase la economía. Pero muchos han agotado el desempleo y viven de ayudas que les mandan sus familias desde sus países”, señala Jiménez, que critica que el Gobierno ha presentado el plan como “una invitación para que los inmigrantes se marchen”. El programa de retorno voluntario permite al extracomunitario capitalizar el paro generado durante sus años de trabajo en España y cobrarlo en dos plazos: el 40% antes del regreso; y el 60% restante, en el Consulado o la Embajada española de su país.

Uno de los que lo están intentando es Fernando Garcés. Ecuatoriano de 50 años, perdió su puesto de trabajo de cocinero en febrero. Con motivo de la crisis, su jefe le fue bajando el sueldo, poco a poco, desde los 1.300 hasta los 1.000. “Pero la última vez me planté y lo dejé”, explica. Le ofrecían 700 euros y que el contrato fuese de sólo media jornada, “para pagar menos a Hacienda, aunque en realidad trabajaba 10 o 12 horas”, asegura. “He visto a mi mujer y a mis hijos dos veces en diez años y prefiero regresar a Ambato (Ecuador) que aceptar este abuso laboral, aunque sé que vendrá otro detrás de mí que lo aceptará”, lamenta en la habitación que alquila desde hace tres años y medio a una familia de cuatro miembros en la periferia de Madrid.

Las paredes están desnudas y dos maletas esperan que llegue la ayuda del Gobierno para poder pagar el billete de avión. Al capitalizar el paro que ha generado en los últimos cinco años (llegó en 2002, pero fue un sin papeles hasta la regularización de 2006), volverá con unos 5.000 euros. De su grupo de nueve amigos, sólo quedan en España él y dos más. “Se nos ha utilizado cuando ha hecho falta mano de obra. Ahora, nos marginan”.

Sin presupuesto
El principal problema que sufrieron las ONG y asociaciones durante 2010 para coordinar los regresos fue, precisamente, el presupuesto. Los fondos que el Gobierno había destinado para todo 2010 se acabaron en verano. Por ello, la lista de espera llegó a ascender hasta las 4.000 personas a finales de año. Y el fondo no se repuso hasta enero, cuando entró la nueva partida anual.

Ante la falta de financiación, Cruz Roja empezó a absorber en septiembre las demandas de las ONG y asociaciones de inmigrantes que carecían de recursos. Pero sólo se pudo atender a “los casos de especial vulnerabilidad: extranjeros con enfermedades, alto número de hijos o menores discapacitados a su cargo, mujeres solas con cargas familiares…”, recuerda el responsable de inmigración de la organización, José Javier Sánchez Espinosa.

Cruz Roja es la principal organización que gestiona el primer tipo de retorno que se puso en marcha en 2003, el humanitario o social. La institución detectó un importante descenso de solicitudes de ayudas en 2010: tras el pico de peticiones que recibió el segundo semestre de 2009 (3.800 solicitudes), la media del año pasado fue de 1.250 semestrales. El 90% de los inmigrantes que solicitaron ayudas en Cruz Roja fueron latinoamericanos.

Los bolivianos, en cabeza
En toda España, las cifras del Ministerio de Trabajo e Inmigración son similares: se pasó de gestionar más de 6.000 peticiones en 2009 a 2.213, en 2010. Por países, los que más se acogieron al retorno humanitario el año pasado fueron los nacionales de Bolivia (477), Argentina (325), Brasil (281), Ecuador (225), Uruguay (172), Chile (137), Colombia (115), Paraguay (104) y Honduras (63).

“Además de la situación de vulnerabilidad, los regresos dependen de la situación que hay en su país de origen”, apunta Sánchez Espinosa. A diferencia de España, la crisis en América Latina y el Caribe no ha tenido un impacto tan fuerte. En 2010, el PIB de la región aumentó un 6% de media, frente al -0,1% de España. En países como Paraguay, Uruguay, Perú, Argentina o Brasil el crecimiento fue de entre el 9,5% y el 7,5%.

Entre los inmigrantes extracomunitarios, Marruecos es el país con más nacionales en España. Tres de cada diez proceden del reino alauita: hay 757.809 autorizaciones de residencia concedidas a marroquíes, según el informe del cuarto trimestre de 2010 de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. A diferencia de los latinos, los magrebíes apenas se han acogido a las ofertas del Gobierno. Los que se encuentran en peor situación económica pueden regresar a su país por muy poco dinero y no tienen que firmar el compromiso de no retornar en tres años. De este modo, el programa sólo está siendo efectivo para una parte de los extranjeros.

El número total de inmigrantes procedentes de países de fuera de la Unión Europea descendió por primera vez en el año 2010, hasta los 2.524.976. El 30 de diciembre había 37.056 personas menos inscritas en el Régimen General de extranjería que en la misma fecha de 2009, un 1,45% menos.

Entre los comunitarios, que gozan de libertad de tránsito, el gran colectivo es el de los rumanos (840.682 permisos). Aunque hay compañías low cost que ofrecen vuelos de Madrid a Bucarest a partir de 25 euros, las ONG también ofrecen ayudas para su retorno. La Federación de Asociaciones de Emigrantes Rumanos en España (Fedrom) ofrecía hasta finales de 2010 el billete de avión y 400 euros de apoyo a quien necesitase regresar a Rumanía. Para evitar engaños, Fedrom se apoyó en los informes de los trabajadores sociales de Cruz Roja o Cáritas que daban fe de la situación de especial vulnerabilidad de la persona.

El exministro Corbacho trató hace dos años de potenciar los regresos a Rumanía por otra vía. Viajó a Bucarest y firmó un “memorando de entendimiento” con el Ejecutivo rumano por el que las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal informarían a los inmigrantes rumanos de las ofertas de trabajo que hubiese en su país.

El acuerdo se firmó en 2009 y, dos años después, todavía no se ha realizado ningún retorno por esta vía. “En este tiempo, Rumanía sufrió el gran azote de la crisis, pero en 2011 podría llegar a crecer a un ritmo de entre el 3% y el 5%”, explica esperanzado el presidente de Fedrom, Miguel Fonda Stefanescu.