Unos 68 mil niños de Guatemala, El Salvador y
Honduras, principalmente, emprendieron una peligrosa travesía terrestre y
lograron ingresar ilegalmente a Estados Unidos, muchos de ellos motivados por
el deseo de reencontrarse con sus padres, residentes en aquel país.
Pero también la
situación de pobreza y la urgencia de escapar al reclutamiento forzoso de las
pandillas fueron factores determinantes de este flujo, que las autoridades
estadounidenses definieron como una crisis humanitaria.
Los gobiernos de los países centroamericanos
realizaron gestiones para que los menores no fueran deportados y que su
situación la ventilara un juez migratorio.
El 14 de noviembre último,
los presidentes de los tres países presentaron en Washington un plan denominado “Alianza
para la Prosperidad en el Triángulo Norte”, cuyo principal
objetivo es combatir la pobreza y la violencia como medio de desestimular la
emigración.
Este plan “marca
un hito importante en la cooperación y en los esfuerzos trinacionales que
desarrollamos” y “esperamos comenzar a
implementar algunas medidas del plan el próximo año”, declaró el
canciller salvadoreño Hugo Martínez.
En noviembre, Estados Unidos se comprometió a abrir un programa que permitiría a los inmigrantes regulares de estos tres países
solicitar, bajo ciertas condiciones, el estatuto de refugiados para sus hijos
solteros menores de 21 años.
- Imparable
migración -
Analistas reconocen la importancia del Plan para la
Prosperidad pero advierten que superar los rezagos que generan la pobreza y la
violencia asociada de las pandillas llevará muchos años.
“La
migración no se va a detener mientras no se mejore la calidad de vida y se invierta en
educación, salud, seguridad y mejoramiento de la economía”,
advirtió en Guatemala la directora de la Mesa Nacional para la Migración
(Menamig), Julia González.
“En Guatemala no hay condiciones para vivir con tranquilidad y
la situación es dramática para los niños y jóvenes. Lo que se da es una expulsión forzada porque no es una migración voluntaria”,
destacó la directora de Menamig.
A pesar de los peligros que supone el recorrido por
tierra o mar, los padres en Estados Unidos pagan hasta US$8 mil a coyotes
(traficantes de personas) para trasladar a sus hijos y sacarlos del peligro en
que han caído sus comunidades de origen.
La responsable de asuntos
migratorios del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad
Centroamericana (UCA), Karla Salas, advierte que el problema es
grande y complejo porque la migración se ha convertido en un factor de
sobrevivencia.
“Antes para la reunificación familiar se esperaba que el niño cursara el
bachillerato, ahora han tenido que adelantar el proyecto migratorio porque los
niños están siendo acosados por pandillas o sus familias están siendo
extorsionadas porque sus padres se vuelven blanco perfecto por las remesas que
mandan”, explicó Salas.
Pero la migración tampoco
salva de la violencia. “No hay un solo niño que regrese a
Honduras ileso; todo niño que ha emigrado regresa con una cicatriz de violencia”, lamentó
en Honduras el director de Casa Alianza, Guadalupe Ruela.
Además, la amenaza de la deportación está siempre
presente. Las estadísticas de deportados vía aérea desde Estados Unidos, de
enero a noviembre, llegaban a 110 mil 320 entre los tres países. La cifra en
igual periodo del 2013 fue de 102 mil 609, según datos oficiales.
Complicado
financiamiento
El Plan de la
Alianza para la Prosperidad presentado
en noviembre en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está
basado en cuatro pilares: emprendimiento y creación de empleo;
seguridad, capacitación técnica y fortalecimiento institucional. Su
objetivo es llevar fondos a los municipios de mayor migración.
Estados
Unidos, se comprometió a colaborar con un monto no especificado y prometió estimular a organismos multilaterales para que brinden
su ayuda y para que grandes empresas hagan inversiones estratégicas en poblados
de mayor migración.
El analista y profesor
universitario salvadoreño Roberto Cañas advirtió queel Plan para la
Prosperidad es una “declaración de buenas intenciones” porque
Estados Unidos no estableció montos de ayuda, que para ser liberada deberá
sortear el camino del Congreso dominado por los republicanos.
Para Cañas sería “injusto” que
los tres países contraigan mayores deudas para atenuar un fenómeno migratorio
en el que Estados Unidos tiene una“corresponsabilidad”.
POR AGENCIA AFP / EL SALVADOR
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