En agosto de 2010, 72 inmigrantes
centroamericanos fueron asesinados en el municipio de San Fernando, ubicado en el Estado nororiental
de Tamaulipas. En abril de 2011, las autoridades hallaron otros 193 cadáveres
en fosas comunes. En ambos casos, se culpó al crimen organizado de las
matanzas. La zona, próxima a la frontera con Estados Unidos, se convirtió en
territorio vedado para los cientos de miles de desplazados que tratan de
alcanzar suelo americano. Cuatro años después de estos sucesos, la Fiscalía
mexicana (PGR) ha reconocido por primera vez que existió complicidad de las
fuerzas de seguridad.
Según la
información proporcionada el pasado 10 de diciembre al National Security
Archive –un instituto de investigación de la Universidad de George Washington-,
los agentes municipales de San Fernando recibieron por su trabajopagos del cártel de
los Zetas, una de las organizaciones
criminales más sanguinarias en el país que opera en la región.
La PGR hizo públicas las conclusiones después de
que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos (IFAI), un organismo que vela por la transparencia de las instituciones
públicas, ordenara entregar los datos de la investigación, cuyos detalles
habían estado bajo reserva todo este tiempo. El IFAI logró obtener la
información al argumentar que las masacres constituyeron violaciones a derechos
humanos (algo negado por las autoridades) ,según lo establecido en los tratados
internacionales ratificados por México y los fallos de la Suprema Corte de Justicia
del país.
La Fiscalía indica que los elementos de la policía
municipal de San Fernando realizaron “labores de halconeo, interceptación de
personasy omisión en su deber en la
observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal de
Los Zetas”.
La versión oficial referida hasta la fecha indicaba que las masacres
ocurrieron a manos de Los Zetas, pero la información proporcionada ahora por la
PGR descubre detalles sobre los policías implicados en los crímenes. La
dependencia del Gobierno de Enrique Peña Nieto añade también que algunos
agentes fueron detenidos a lo largo de 2010 y 2011 por su participación en los
hechos. El documento incluye el testimonio de uno de ellos: “Sé que los
policías y tránsitos de San Fernando ayudan a la
organización de Los Zetas, porque en
lugar de que cuando detienen a la gente se la lleven al pentágono es decir la
cárcel municipal, se los entregan a los zetas.
El Pais
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