El
Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), cuyos fallos son simbólicos, recaba
pruebas para enjuiciar al Estado mexicano por la criminalización y desaparición
forzada de miles migrantes en tránsito por México, indicaron fuentes del
organismo no gubernamental.
En
una audiencia preliminar llevada a cabo este lunes en la sede de la Comisión de
Derechos Humanos de Ciudad de México, el jurado de la TPP escuchó los
testimonios de los abusos cometidos en los últimos años contra indocumentados,
principalmente centroamericanos.
Se
incluyó el caso de los 72 inmigrantes latinoamericanos asesinados en agosto de
2010 en el rancho San Fernando, estado nororiental de Tamaulipas, masacre
atribuida por las autoridades mexicanas a la organización criminal de Los
Zetas.
"Para
este Tribunal es importante abrir un expediente de cómo se criminaliza
injustamente a la población inmigrante en este país", dijo durante la
apertura de la audiencia Camilo Pérez Bustillo, representante de la Comisión
sobre Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado del capítulo mexicano del
TPP.
De
acuerdo con el abogado y activista, en los últimos años "no ha habido
ninguna disminución en los índices de terror, de muerte, de violación, de
secuestro, de extorsión, de robo, de mutilaciones sufridas por los migrantes
que van rumbo a Estados Unidos".
"Existen
violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los indocumentados en
México", aseveró a su vez Julio Moreira, de la Asociación Brasileña de
Abogados del Pueblo, quien lamentó que las autoridades han hecho caso omiso del
tema de las fosas clandestinas donde se arrojan los cuerpos de migrantes no
identificados.
Los
asistentes a la sesión, cuyos resultados serán presentados el año próximo en la
audiencia final, coincidieron en que las autoridades mexicanas están obligadas
a defender la vida de los migrantes en tránsito y en albergues en todo el país,
así como la de sus defensores.
El
sacerdote y activista Alejandro Solalinde reconoció que la labor de los
defensores ha sido difícil y que incluso han tenido que negociar con miembros
del crimen organizado para rescatar a personas en el desierto de Sonora
(noroeste de México).
Solalinde,
quien el año pasado abandonó el país a raíz de varias amenazas de muerte en su
contra, reveló que ha recibido una nueva amenaza por parte de una persona que
un cártel infiltró en su albergue Hermanos en el Camino.
Participaron
en la sesión como juristas Jorge Bustamante, exrelator de las Naciones Unidas
para los derechos humanos de los migrantes; Iver Orstavik, de la Fundación Rafto
pro Derechos Humanos en Bergen, Noruega; Laura Carlsen, directora del Programa
de las Américas del Center for International Policy, y José Rosario Marroquín,
del Centro Pro Derechos Humanos de México, entre otros.
El
TPP, fundado en 1979 y con sede en Roma, Italia, es el tribunal de conciencia
contemporáneo más antiguo y está integrado por activistas, académicos,
escritores e intelectuales.
gaa
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