Oficiales mexicanos intentaron
minimizar “la responsabilidad del Estado” sobre los asesinatos de migrantes y otros viajeros secuestrados de
autobuses interurbanos como parte de una guerra de los cárteles de la droga en
el estado de Tamaulipas, de acuerdo a un reporte desclasificado de oficiales
estadounidenses en México. Este y otros informes relativos al tema publicados
hoy fueron obtenidos por el Archivo Nacional de Seguridad (en inglés “National
Security Archive” con fundamento en la Ley de Libertad de Información de
Estados Unidos (FOIA).
Los documentos guardan una relación directa en un caso de acceso a la
información en México, ahora en las manos del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Información (IFAI). La cuestión es el documento de
investigación del gobierno sobre la masacre en el pueblo de San Fernando
(Tamaulipas).
Los informes recién desclasificados
detallan actos terribles de violencia perpetrados entre cárteles mexicanos de
la droga, en los últimos años, incluyendo las masacres de San Fernando de los
años 2010 y 2011, las cuales costaron la vida de más de 250 persona, la mayoría
migrantes. Informes recientes sobre las masacres describen como los asesinos sacaban a las
víctimas de autobuses comerciales,
mataban a aquellos que se rehusaran a trabara para el cártel y tiraban sus
cuerpos a fosas comunes. Los oficiales mexicanos le dijeron a los
Estados Unidos que ellos creían “que la mayoría de
las víctimas encontradas eran personas migrantes en su camino a los Estados
Unidos, que habían sido interceptados en la ruta y no habían podido pagar lo
que se les demandaba”.
Las carreteras regionales se han
convertido en una zona de homicidios para las pandillas que controlan el
mercado de las drogas y “el negocio de migración ilegal”, de acuerdo con el reporte de la
Embajada de E.U.Aescrito durante una gran oleada de
violencia en 2011. La Embajada cita información que indica que “las autoridades
y policías locales” en México “comúnmente se hacen de la vista gorda o participan”
en los secuestros y masacres llevadas a cabo por los carteles de drogas.
“Los oficiales de Tamaulipas parecen estar tratando de minimizar los
descubrimientos de San Fernando y la responsabilidad del Estado por ellos,
inclusive en un viaje reciente a Ciudad Victoria, revelaron oficiales del
estado revelaron estar totalmente conscientes del peligro de viajar por
carretera en la zona¨– Consulado de los
Estados Unidos en Matamoros
La nueva información llega después de que una Corte Federal mexicana
ordenara al IFAI que decida si la masacre de 72 migrantes
centroamericanos ocurrida en agosto 2010 por el temido cartel de los Zetas,
puede ser considerada como una grave violación a los derechos humanos
atendiendo los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia
mexicana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hace dos años, Artículo 19, una organización dedicada al derecho
de información y la libertad de expresión, pidió a la Procuraduría General de
la República (PGR) divulgar la versión pública de la averiguación
previa en trámite de la masacre del 2010. La oficina de la PGR negó esta
petición, citando una disposición en la ley mexicana que exime el acceso y
liberación de estos archivos. Entonces Artículo 19 apeló el caso al IFAI,
citando otra parte de la ley donde prohíbe la reserva de cualquier información
relacionada a “la investigación de graves violaciones de derechos humanos y
crímenes contra la humanidad”. El IFAI negó la apelación, confirmando la
decisión de la PGR con fundamento en que todos los registros relacionados
averiguaciones previas en trámite son reservados.
Artículo 19 llevo el
caso a los juzgados federales, argumentando que la excepción por violaciones
graves a los derechos humanos aplica porque el estado participó en estos
crímenes por omisión. La decisión judicial reciente remite el caso de regreso
al IFAI para que determine si los asesinatos en San Fernando pudieran ser
considerados como violaciones a los derechos humanos. En caso positivo, el IFAI
habrá señalado que aplicó el principio de máxima publicidad y ordenará a la PGR
que produzca y publique una copia de la versión pública de la averiguación
previa.
La
colección desclasificada publicada hoy muestra que el estado y las oficinas
locales en México estaban pendientes, pero hicieron muy poco para prevenir la
violencia relacionada al cartel en el noreste del país. Unreporte de inteligencia de E.U.A, anterior a la masacre
de San Fernando, señala “información corroborada y fiel información” que
había uso generalizado de las barricadas en las carreteras de la región.
“El Cartel del Golfo ha estado atacando plazas pequeñas en Tamaulipas”, dice el
reporte de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP) de E.U.A. “Los ataques
ocurrieron simplemente porque el área le pertenece a los Zetas”.
Las
autoridades mexicanas trataron deliberadamente de minimizar la carnicería. De acuerdo con la Embajada, cuando casi 200
personas más fueron asesinadas bajo las mismas circunstancias en 2011, los
oficiales mexicanos “evitaron llamar la atención sobre el nivel de violencia en
Tamaulipas”, a pesar de haber identificado “la violencia en las autopistas”
como “su máxima preocupación”. Otros oficiales mexicanos “hablando fuera
de registro”, dijeron a los Estados Unidos que los cuerpos de las víctimas
“estaban siendo divididos para que el número total fuera menos obvio y
alarmante”.
Ahora que el caso se
remite al IFAI, la corte ha confirmado un aspecto crítico de la ley de
acceso a la Información en México: la información relativa a los derechos
humanos debe ser divulgada sin reservas aún cuando su reserva sea justificada
en otras excepciones. La pregunta que permanece es si el fracaso del gobierno
mexicano para prevenir los asesinatos y procesar a los responsables califica
como una violación de derechos humanos por omisión. La decisión del IFAI- como
se mire- tiene que tener serias repercusiones para los derechos humanos y el
derecho a la verdad en México. Tres años después del 2010, la masacre de San
Fernando permanece como un caso secreto y de impunidad. A pesar de decenas de
arrestos, incluidos los últimos 16 miembros de la fuerza policiaca de San
Fernando, ningún autor intelectual o facilitador del crimen ha sido condenado.
Artículo 19 y sus aliados simplemente quieren saber por qué.
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