Miles de europeos migrantes son
expulsados de países europeos por no contar con recursos económicos. Mientras
el 1% acumula la riqueza de casi el 50% de la población mundial, la mal llamada
“crisis económica global” genera sin papeles, expulsados y sin derechos.
¡Crisis no, estafa!
Recientemente, la Oficina de Extranjería
Belga ha reconocido que ha expedido casi 8.000 órdenes de expulsión a
ciudadanos europeos en los últimos tres años. Los migrantes que no cuenten con
medios económicos suficientes, con un contrato de trabajo, con prestación de
desempleo o que no estudien, se les ordena que se vayan con el argumento de que
representan “una carga excesiva para el Estado” . No siempre la “orden de expulsión”
termina sólo en una amenaza. Desde 2005 se han practicado expulsiones forzosas
a europeos gitanos. El primer golpe masivo a este colectivo lo dio el
gobierno italiano de Silvio Berlusconi, cuando en 2008, lanzó su “plan de
seguridad” calificando a los “nómadas” de “amenaza para la seguridad nacional”.
Estas medidas provocaron un éxodo de cerca de 12.000 gitanos a otros países. El
modelo lo copió el gobierno galo de Sarkozy en 2009. Se expulsaron por la
fuerza cerca de 10.000 gitanos, de origen rumano y búlgaro, con el argumento de
que eran una “amenaza para el orden público” y una “carga excesiva para el
sistema de asistencia social francés”. Los expulsados fueron deportados a sus
países de origen en vuelos especialmente fletados para ello (2).
El derecho a la
libre movilidad (fronteras adentro) fue uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea. En
1993 con el Tratado de Maastricht se creó la ciudadanía europea que
permitió circular y residir libremente en los países de la comunidad, así como
el derecho de votar y ser elegido en un Estado de residencia para las
elecciones europeas o municipales. Este derecho se consolidó en 1995 con la
entrada en vigor del Acuerdo Schengen,
con el cual, varios países suprimieron los controles en las fronteras
interiores y los trasladaron a las fronteras exteriores. A partir de ese
momento, toda persona que entrara legalmente por una frontera exterior o que
residiera en un país miembro, podría circular libremente.
Sin embargo,
con el argumento de la mal llamada “crisis económica global” se ha clausurado
este derecho. Como sabemos,los
mercados han impuesto el rescate de la banca privada con dinero público, la
austeridad en el gasto social y la privatización de los sistemas públicos. Con
estas medidas, la brecha social se ha ampliado drásticamente. Intermón Oxfam en
su último informe ha denunciado que la riqueza mundial está dividida en dos:
“casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población, y la otra mitad
se reparte entre el 99% restante” (3). ¡Crisis no, estafa en toda regla! Uno de
los efectos de estas medidas, ha sido forzar a miles de europeos a migrar,
tanto dentro como fuera de Europa. Por si fuera poco, hace ya 10 años, la Europa del capital había
preparado el terreno para cancelar el derecho a migrar de los más
desfavorecidos.
Me refiero a la Directiva 2004/38/CE que
abrió la puerta para que 13 Estados europeos la traspasaran a derecho
nacional interno y practicaran expulsiones (4). La legislación establece que
los europeos deben tener derecho a residir en un Estado miembro de acogida
durante un periodo que no supere los tres meses. Para las estancias más
prolongadas, la libertad se condiciona a no representar una "carga
irracional" para el sistema de ayuda social del país de acogida.
El Estado Español es también uno de los
que han traspasado duramente la ley. Con la modificación al artículo 7 del Real
Decreto 240/2007, el derecho a residir de los extranjeros europeos quedó
condicionado a que acrediten disponer de recursos suficientes y de seguro de
salud privado para ellos y sus familiares. A este exceso, hay que agregar la
reciente expulsión de la
Sanidad Pública de los migrantes españoles que decidan volver
a su país después de tres meses y que no cuenten con un contrato de trabajo
(5).
La expulsión
forzada y el encierro en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) no
están previstos en la
Directiva , sin embargo, como hemos visto, tampoco lo prohíbe
y se han practicado selectivamente con anterioridad. Si se resiste a la
expulsión, en Bélgica por ejemplo, no se ejerce el recurso a la fuerza; no se
mete al ciudadano en un avión o se le priva de su libertad como en el caso de
los migrantes extracomunitarios. Simplemente se les cierran todos los cauces
oficiales, clausurándoles sus derechos a la sanidad, a la educación y a todas
las prestaciones sociales que ofrece el territorio. Se convierte a los
empobrecidos en sin papeles.
¿Cuál es el
objetivo de esta afrenta pública? En la práctica es imposible expulsar a todos,
y sobre todo, impedirles que vuelvan. Se trata de la política del miedo (6). El
objetivo es generar una bolsa de migrantes precarios, dispuestos a trabajar en
condiciones de semi-esclavitud. La expulsión de migrantes europeos y
extracomunitarios sin papeles forma parte de las estrategias de
acumulación por parte de los mercados. La respuesta transnacional, activa y
colectiva ante este atropello, es una tarea fundamental para los movimientos
sociales antisistémicos, porque ¡ninguna persona es ilegal!
Carlos Soledad
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