quinta-feira, 30 de janeiro de 2014

Informe DD.HH desnuda precaria situación de peruanos en Chile

El informe sobre los Derechos Humanos en 2013, expuesto este martes, contempló diversos temas relacionados con el trabajo y empleabilidad, los derechos de los niños y jóvenes, y la situación actual de los migrantes en nuestro país. Sobre este último tema, el Presidente de la Asociación de Inmigrantes por la Investigación Latinoamericana y del Caribe (Apila), Manuel Hidalgo, indicó que el Gobierno actual generó un retroceso en relación a leyes migratorias, y atribuyó esto a la “mirada empresarial” del mandatario.
El informe sobre el estado de los Derechos Humanos en 2013, presentado en la sede de la Anef por diversas organizaciones sociales y ONG’s, concluyó en relación al capítulo de derechos de migración, que aun no se logra un avance significativo en cuanto a leyes que protejan a los extranjeros que viven en nuestro país, los que en su mayoría son provenientes de Perú. Además, se precisó que tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) se espera que los conflictos entre Chile y Perú se acaben, y predomine una relación de fraternidad entre ambos países.
El expositor de este tema fue Manuel Hidalgo, presidente de la Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y del Caribe (Apila), quien indicó que desde la última parte de la década de los 90 se comenzó a generar un flujo migratorio hacia nuestro país, el que ha continuado hasta hoy. “La estimación del Departamento de Extranjería y Migración indica que existen 415 mil migrantes en Chile, de hermanos procedentes de Colombia y Haití, pero la migración peruana es la más relevante”, sostuvo Hidalgo.
Además, señaló que el Gobierno de Piñera se ha caracterizado por ver a los migrantes como mano de obra, lo que a su parecer es coherente con la mirada empresarial del mandatario, y no se les ha considerado como personas que puedan entregar “riqueza humana”. A su parecer, actualmente se ha producido un retroceso en este tema respecto a lo logrado en el pasado mandato de Michelle Bachelet.
Actualmente nuestro país funciona bajo un decreto de ley que se instauró en plena dictadura en 1975, calificado por Hidalgo como “la legislación migratoria más añeja de toda latinoamérica y el Caribe”. Debido a esto, Piñera envió en junio del año pasado un proyecto de ley que pretendía mejorar las condiciones de los extranjeros en nuestro país. Sin embargo, según Hidalgo, “el contenido de este proyecto reflejó un intento de revertir lo que se había avanzado con los gobiernos anteriores, y concretamente con el de Bachelet”. La futura mandataria, durante el 2008 entregó un instructivo presidencial que fijaba los ejes de la acción gubernamental, impulsando una política migratoria.
Cabe destacar que en 2007 Belisario Velasco, cuando se desempeñaba como ministro del Interior de Bachelet, regularizó la situación de aproximadamente 20 mil inmigrantes que vivían de forma ilegal en el país. De este total, 15 mil eran peruanos, 2 mil bolivianos, y los restantes provenían de Argentina y de Ecuador.
Para el cabecilla de Apila, la iniciativa que presentó Piñera fue “en función de un enfoque marcadamente neoliberal”, en el que los flujos migratorios fueron percibidos como oportunidades para mejorar la economía chilena a través del trabajo. “Predomina la mirada de cómo nos aprovechamos de la mano de obra extranjera, no viendo en los migrantes a personas que puede aportar riqueza humana al país”, comentó.
El hecho de que actualmente no exista una ley justa para los extranjeros residentes en nuestro país, genera un aumento del número de migrantes que se encuentran en una situación de irregularidad, que consiste en no tener rut y no existir para los organismos de servicio público. Según Hidalgo, esto se traduce en una violación a los derechos humanos, ya que por ejemplo, si trabajan horas extras no pueden realizar una demanda para que estas sean remuneradas.
“Un 15% a 20% de la población que migra se encuentra en una situación irregular, es decir, del total de 415 mil, son irregulares 60 mil a 80 mil”, aseveró.
Otras problemáticas que dio a conocer Hidalgo se vinculan directamente con educación, derechos laborales y vivienda. Respecto a la primera, a los niños migrantes no se les valida el año escolar si es que sus padres no acceden a la visa, en cuanto a lo laboral consideró injusta la visa sujeta a contrato, ya que impulsa el no pago de remuneraciones, y por último, en vivienda se les exige tener cinco años de permanencia para postular a un subsidio.
Para el futuro periodo presidencial de Bachelet, Hidalgo recalcó que espera que se realicen reformas importantes en este tema. Lo primero que exigen es la creación de un proceso extraordinario de regulación migratoria que le permitirá a los irregulares mejorar su situación. Lo segundo es que Chile ratifique el acuerdo de residencia Mercosur para que los migrantes puedan solicitar su visa solo con la presentación de dos fotos, y su carnet. Finalmente, que se retire el proyecto de ley planteado por Piñera y se impulse uno nuevo elaborado en conjunto con universidades, organizaciones, y otras asociaciones no gubernamentales.
 Belén Peña



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