El informe sobre los Derechos Humanos en 2013,
expuesto este martes, contempló diversos temas relacionados con el trabajo y
empleabilidad, los derechos de los niños y jóvenes, y la situación actual de
los migrantes en nuestro país. Sobre este último tema, el Presidente de la
Asociación de Inmigrantes por la Investigación Latinoamericana y del Caribe
(Apila), Manuel Hidalgo, indicó que el Gobierno actual generó un retroceso en
relación a leyes migratorias, y atribuyó esto a la “mirada empresarial” del
mandatario.
El informe
sobre el estado de los Derechos Humanos en 2013, presentado en la sede de la Anef por diversas
organizaciones sociales y ONG’s, concluyó en relación al capítulo de derechos
de migración, que aun no se logra un avance significativo en cuanto a leyes que
protejan a los extranjeros que viven en nuestro país, los que en su mayoría son
provenientes de Perú. Además, se precisó que tras el fallo de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) se espera que los conflictos entre
Chile y Perú se acaben, y predomine una relación de fraternidad entre ambos
países.
El expositor de este tema fue Manuel Hidalgo,
presidente de la Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y
del Caribe (Apila), quien indicó que desde la última parte de la década de los
90 se comenzó a generar un flujo migratorio hacia nuestro país, el que ha
continuado hasta hoy. “La estimación del Departamento de Extranjería y
Migración indica que existen 415 mil migrantes en Chile, de hermanos
procedentes de Colombia y Haití, pero la migración peruana es la más
relevante”, sostuvo Hidalgo.
Además, señaló que el Gobierno de Piñera se ha caracterizado
por ver a los migrantes como mano de obra, lo que a su parecer es coherente con
la mirada empresarial del mandatario, y no se les ha considerado como personas
que puedan entregar “riqueza humana”. A su parecer, actualmente se ha producido
un retroceso en este tema respecto a lo logrado en el pasado mandato de
Michelle Bachelet.
Actualmente nuestro país funciona bajo un decreto
de ley que se instauró en plena dictadura en 1975, calificado por Hidalgo como
“la legislación migratoria más añeja de toda latinoamérica y el Caribe”. Debido
a esto, Piñera envió en junio del año pasado un proyecto de ley que pretendía
mejorar las condiciones de los extranjeros en nuestro país. Sin embargo, según
Hidalgo, “el contenido de este proyecto reflejó un intento de revertir lo que
se había avanzado con los gobiernos anteriores, y concretamente con el de
Bachelet”. La futura mandataria, durante el 2008 entregó un instructivo
presidencial que fijaba los ejes de la acción gubernamental, impulsando una
política migratoria.
Cabe destacar que en 2007 Belisario Velasco, cuando
se desempeñaba como ministro del Interior de Bachelet, regularizó la situación
de aproximadamente 20 mil inmigrantes que vivían de forma ilegal en el país. De
este total, 15 mil eran peruanos, 2 mil bolivianos, y los restantes provenían
de Argentina y de Ecuador.
Para el cabecilla de Apila, la iniciativa que
presentó Piñera fue “en función de un enfoque marcadamente neoliberal”, en el
que los flujos migratorios fueron percibidos como oportunidades para mejorar la
economía chilena a través del trabajo. “Predomina la mirada de cómo nos
aprovechamos de la mano de obra extranjera, no viendo en los migrantes a
personas que puede aportar riqueza humana al país”, comentó.
El hecho de que actualmente no exista una ley justa
para los extranjeros residentes en nuestro país, genera un aumento del número
de migrantes que se encuentran en una situación de irregularidad, que consiste
en no tener rut y no existir para los organismos de servicio público. Según
Hidalgo, esto se traduce en una violación a los derechos humanos, ya que por
ejemplo, si trabajan horas extras no pueden realizar una demanda para que estas
sean remuneradas.
“Un 15% a 20% de la población que migra se
encuentra en una situación irregular, es decir, del total de 415 mil, son
irregulares 60 mil a 80 mil”, aseveró.
Otras problemáticas que dio a conocer Hidalgo se
vinculan directamente con educación, derechos laborales y vivienda. Respecto a
la primera, a los niños migrantes no se les valida el año escolar si es que sus
padres no acceden a la visa, en cuanto a lo laboral consideró injusta la visa
sujeta a contrato, ya que impulsa el no pago de remuneraciones, y por último,
en vivienda se les exige tener cinco años de permanencia para postular a un subsidio.
Para el futuro periodo presidencial de Bachelet,
Hidalgo recalcó que espera que se realicen reformas importantes en este tema.
Lo primero que exigen es la creación de un proceso extraordinario de regulación
migratoria que le permitirá a los irregulares mejorar su situación. Lo segundo
es que Chile ratifique el acuerdo de residencia Mercosur para que los migrantes
puedan solicitar su visa solo con la presentación de dos fotos, y su carnet.
Finalmente, que se retire el proyecto de ley planteado por Piñera y se impulse
uno nuevo elaborado en conjunto con universidades, organizaciones, y otras
asociaciones no gubernamentales.
Belén Peña
Nenhum comentário:
Postar um comentário