Esperamos que esta nueva legislación sea acompañada por políticas de educación en materia de convivencia, basadas en la aceptación, el respeto y la valoración de los inmigrantes.
LA MIGRACION es
una realidad cada día más visible en Chile. La presencia de inmigrantes, tal
como la salida de chilenos del país, ha hecho cotidiana la convivencia con
personas de diferentes nacionalidades en espacios públicos, laborales,
barriales, familiares, de ocio y entretención, entre otros. Cifras del
Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior indican que
el total de la población extranjera residente en Chile es de 352 mil 344
personas. Es decir, el 2,08% del total de quienes habitan en el país son
extranjeros. Se caracteriza, entre otros factores, por una población en edad
activa (85% está entre 16 y 59 años), educada y que migra para trabajar,
mayoritariamente femenina y de origen latinoamericano.
Esta realidad
constituye un desafío, a la vez que una oportunidad para la sociedad y el
Estado de Chile. Como hemos consignado en nuestros Informes Anuales sobre la
Situación de los Derechos Humanos en Chile 2010 y 2011, el país ha transitado
de entender la migración como una materia de seguridad nacional -el marco normativo
actual está contenido en el Decreto Ley N° 1094 del año 75- a una más
tributaria del campo de los derechos humanos, cuestión que se ve reflejada con
avances como la tipificación de los delitos de tráfico y trata de personas y
la promulgación de la Ley de Refugio N° 20.430, que establece
disposiciones sobre protección de refugiados.
Sin embargo, la
legislación migratoria general sigue anclada en el paradigma de la seguridad y
no da cuenta de las características actuales de la migración al país. El
gobierno anunció la presentación de una legislación que se haga cargo de los
nuevos desafíos que nos presenta la creciente migración en Chile, y que a la
vez responda a las obligaciones que asumió como país, al ratificar la
Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias y a
las recomendaciones que le señalara el comité sobre derechos de las personas
migrantes con ocasión del examen sobre el cumplimiento de dicho instrumento
jurídico.
Un mejor
trabajo y calidad de vida son el principal motor que mueve a quienes deciden
salir de sus países. No obstante, las situaciones de discriminación son
reiteradas, particularmente con aquellos que arriban de países vecinos.
Las precarias condiciones laborales y de vida para muchos, las dificultades en
el acceso y oportunidades educativas para niños y jóvenes, los obstáculos para
acceder a la atención de salud y las limitaciones objetivas de acceso a los
tribunales de justicia frente a decisiones de expulsión de la autoridad
administrativa, son algunos de los asuntos que el Estado chileno debe examinar
a efectos de garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las
personas que habitan en Chile.
Esperamos que
esta nueva legislación sea acompañada por políticas de educación en materia de
convivencia basadas en la aceptación, el respeto y la valoración de los
inmigrantes. Nuestra invitación es a que organismos públicos y privados,
organizaciones sociales, barrios, autoridades, instituciones de gobierno,
educativas, culturales, medios de comunicación y la sociedad en su conjunto,
comprendamos que la presencia y aceptación de la inmigración, vengan de donde
vengan, nos hace más democráticos.
por Lorena Fries
Nenhum comentário:
Postar um comentário