Tribunal Supremo del Reino Unido declaró ilegal ley de inmigración tras caso de chileno

Un estudiante de 18 años vio rechazada su permiso de residencia a pesar de estar casado con una británica. Esto, ya que la ley impide a los extranjeros menores de 21 años reunirse con sus cónyuges.

El caso de un chileno expulsado del Reino Unido pese a estar casado con una británica desencadenó una sentencia del Tribunal Supremo, que declaró ilegal una norma de inmigración dirigida a evitar los matrimonios forzosos

La regulación, introducida en 2008 por el Ministerio británico del Interior, impide que los extranjeros extracomunitarios menores de 21 años se reúnan con sus cónyuges en el Reino Unido.

Cuando la ley entró en vigor, el chileno Diego y su esposa británica Amber tenían 18 y 17 años, respectivamente, por lo que él perdió su derecho a residir en el Reino Unido una vez expiró su visado de estudiante, según la agencia británica PA.

El Ministerio del Interior decidió aplicar la ley en 2009 a pesar de que aceptó que la unión entre Diego y Amber no era un matrimonio forzoso. La pareja se trasladó a vivir a Chile, primero, y a Irlanda, después, por lo que Amber perdió su plaza en una universidad inglesa.

Al emitir su sentencia, el Supremo se basó también en otro caso similar, un matrimonio de origen asiático, para determinar que la norma es incompatible con el derecho de las parejas a mantener una vida familiar, protegido por la Convención Europea de Derechos Humanos.

"La cantidad de matrimonios forzosos que la norma ha logrado evitar es altamente debatible. Lo que parece claro es que, en tres años, ha obstruido un cierto número de matrimonios que no eran forzosos", señaló el magistrado del Supremo Nicholas Wilson.

La sentencia del Tribunal Supremo coincide con la propuesta que lanzó esta semana el primer ministro británico, David Cameron, para convertir en delito los matrimonios forzosos.

Cameron adelantó el lunes que pedirá a la ministra de Interior, Theresa May, que estudie esa posibilidad, a pesar de que ya fue rechazada anteriormente por considerar que la penalización de los matrimonios forzosos podría disuadir a las víctimas de denunciarlos.