El camionero chileno Rubén Quispe Mamani fue sorprendido por la Policía de Investigaciones (PDI) en el control de Cuya, 80 kilómetros al sur de Arica en la Ruta 5 Norte, con una inusual carga: llevaba 17 peruanos escondidos al interior del vehículo, entre la cabina y la litera.
El chofer cobró $10 mil por persona, entre las que estaba un niño de ocho años, para burlar el control que la PDI ejerce en ese punto carretero. El control busca evitar que los peruanos que se acogen a un convenio especial de tránsito de personas entre Tacna y Arica se trasladen más al sur y se sumen a la masa de extranjeros ilegales que buscan empleo en Iquique, Antofagasta o Santiago. Por eso, los peruanos sorprendidos serán puestos hoy en la frontera por burlar la Ley de Extranjería.
Una práctica que, en los últimos meses, registra un notorio incremento (ver recuadro).
El hallazgo develó el vacío que tiene la ley que fue promulgada recién el 1 de abril pasado, una norma que busca poner al día a Chile con las exigencias del Protocolo de Palermo, el tratado que combate el tráfico internacional de migrantes. La Ley 20.507 reforma el artículo 411 bis del Código Penal para tipificar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, castigando a quienes lucran facilitando el ingreso ilegal de extranjeros.
"La norma sólo se refiere a los controles en la frontera. No se puso en el caso especial de Arica", señaló ayer el gobernador de esa provincia, José Durana, al hacer referencia a que un convenio especial con Tacna permite a los peruanos cruzar Chacalluta sin cumplir las exigencias de solvencia económica o estabilidad laboral que la Ley de Extranjería aplica a los turistas. Ese convenio, sin embargo, impide a estos visitantes viajar más al sur.
Hasta abril pasado, los miembros de bandas que se dedican a lucrar facilitando el ingreso de ilegales no se exponían a castigo alguno. Chilenos y peruanos ofrecen una gama de "servicios" que van desde ocultar a los inmigrantes en compartimentos habilitados para tal efecto en sus vehículos o facilitándoles documentos y sellos falsos para el ingreso. En la jerga, al servicio se le llama "cargar muertos" y por ello se cobra hasta $200 mil.
Hace 10 días fue detenido por primera vez uno de estos "jaladores". El peruano Pedro Guajardo Buenaño fue sorprendido cuando ingresaba a Chile a tres colombianas, a las que había proporcionado falsos contratos de trabajo y a las que cobraba US$ 300 a cada una por dejarlas en el país. Guajardo fue detenido, presentado al tribunal de garantía y la fiscalía inició un proceso en su contra por infracción a la Ley 20.507.
Más suerte tuvo el camionero chileno Quispe Mamani. Como la trata de migrantes no está tipificada cuando el traslado ocurre dentro de las fronteras del país, como lo solicitan los peruanos no habilitados para viajar al sur de Chile, la PDI lo dejó en libertad y ni siquiera pudo interrogarlo sobre su actividad. Sólo se le cursó una multa de tránsito ascendente a $60 mil por llevar "exceso de pasajeros".
El grupo que era trasladado por Quispe lo integraban 6 mujeres, 10 hombres y un menor, que iba con sus padres.
Aumenta la presión migratoria en el paso fronterizo de Chacalluta
Las estadísticas del departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones (PDI) revelan que el tráfico de personas y la presión migratoria por Chacalluta siguen en aumento. Si en 2008 hubo 108 denuncias por ingreso clandestino, en 2010 la cifra subió a 134.
Asimismo, los foráneos expulsados por infringir la Ley de Extranjería pasaron de 144 en 2008 a un total de 320 en 2010.
Nuevas nacionalidades se suman a la presión migratoria por Chacalluta. En 2010, ese control registró el ingreso de 4.244 colombianos, de los cuales salieron por ese mismo paso 3.058. El mismo año entraron 3.263 ecuatorianos y salieron 2.769. En total, ese paso fronterizo realizó cuatro millones de controles de entrada y salida del país, de los cuales el 48% corresponde a peruanos.
La ley que adecua el Código Penal y la Ley de Extranjería al Protocolo de Palermo fue tramitada durante seis años en el Congreso y consta de siete artículos que tipifican el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas para explotación laboral o sexual.
Establece que incurre en tráfico de migrantes "el que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente" y la castiga con reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.
Frente a la situación evidenciada por el caso detectado en Cuya, el senador Jaime Orpis anunció que propondrá una indicación para subsanar el vacío legal existente en la nueva normativa.
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