Huelga de hambre por papeles en Bruselas

Este reportaje publicado en Periodismo Humano cuenta la realidad de decenas de inmigrantes sin papeles en Bruselas que esperan poder ser regularizados y, tras varios años de espera, la huelga de hambre parece el único camino posible hacia un reconocimiento legal.
Treinta y dos años, 62 kilogramos de peso y poco más de un metro setenta y cinco de altura caracterizan a Aziz. Su mirada refleja el cansancio y su bajo tono de voz parece indicar que ha tirado la toalla. Pero no es así. Al menos por ahora.

El pasado 25 de febrero concluyó una huelga de hambre que duró setenta y ocho días en un edificio situado en el centro de Bruselas. Junto con un grupo de 24 inmigrantes, componía los huelguistas de hambre de la Rue des Chartreux (que es como se llama la calle donde se encuentra la casa). Aziouz, Hakin, Hassan, Jamel y Ali son algunos de sus nombres. Viven en Bélgica desde hace seis años, algunos, y otros, desde hace veinte. Todos a la sombra de la clandestinidad. Ninguno ha firmado jamás un contrato de trabajo. Y sin embargo, todos han solicitado una demanda de regularización ante la Oficina de Extranjería, dependiente del Ministerio belga de la Inmigración, cuando a finales de 2009 lanzara la primera campaña de regularización después de 10 años de silencio.

Las vías administrativas no han surtido efecto y no les queda otra que echar mano del único medio de combate que tienen a su alcance: la huelga de hambre. Su régimen consiste en agua, café o té y, para algunos, tabaco con objetivo claro pero poco sencillo: obtener un permiso que les permita trabajar y, así, poder regularizar su estancia en Bélgica.

El rostro de Aziz revela los estragos de esta iniciativa, la segunda en dos años: “Antes de la primera huelga pesaba setenta y dos kilos. Ahora peso alrededor de sesenta y dos. En ambas ocasiones he ganado algún que otro kilo, pero jamás he vuelto a mi peso habitual”, afirma este argelino que llegó a la capital europea en diciembre de 2004. Desde entonces ha pasado por todo tipo de trabajos: recogida de frutas y verduras, restaurantes, panaderías y construcción, donde ha sido explotado o, como él dice, “esclavizado”. “El primer trabajo que desempeñé fue cargando y descargando mercancías en una tienda de ropa de segunda mano. Cobraba 25 euros por jornadas laborales de doce horas y un total de seis días por semana”, declara Aziz, que jamás ha mantenido un puesto más de tres meses. “Los patrones siempre encontrarán a alguien mejor y no dudarán en echarte. Así que mis días libres los destinaba a la búsqueda de otro empleo. Nunca dejas de pensar en el siguiente”, aclara.

Cuando dejó Argelia tenía veinticinco años. Por aquel entonces veía cómo prosperaba un comercio de alimentos que había creado él mismo con tan solo diecisiete. No procedía de una familia especialmente acomodada, pero tampoco conocía la penuria, dado que su principal cliente era el gobierno: distribuía alimentos a una base militar cercana a su localidad al este de Argelia. Sin embargo la extorsión y el chantaje fueron los que le llevaron a venir a Europa. Como mínimo, dos veces al año la gendarmería venía a su comercio y le imponía alguna multa. Los motivos no eran nunca muy claros: “Solían venir y decirme que algo no estaba en regla. Entonces me pedían que pagara una multa de 300 euros”, explica utilizando la divisa europea para ilustrar su narración. “Yo sabía que si les pagaba 10 euros a ellos me dejarían en paz y no me llevarían ante los juzgados, pero nunca quise entrar en su juego”.

Harto de los chantajes, hizo las maletas y dejó un país al que por ahora no ha vuelto. Ni pretende volver. Aunque no descarta hacer una visita en vacaciones más adelante para ver a su familia, con quien se comunica por teléfono o por email, y quien desconoce que ha hecho frente a varias huelgas de hambre sin ningún resultado positivo.

La suya fue una de las más de treinta mil demandas que se mandaron entre septiembre y diciembre de 2009 a la Oficina de Extranjería para demostrar que llevaba cinco años viviendo en Bélgica y que cumplía con los requisitos para ser regularizado.

Por aquel entonces se contaban entre 120.000 y 150.000 inmigrantes “sin papeles” para una población de 10 millones de habitantes. O lo que viene a ser los mismo: uno de cada 100 ciudadanos, según indica la Unión por la Defensa de los Sin Papeles (UDEP, por sus siglas en francés), una organización dirigida por ciudadanos militantes indocumentados. Desde entonces se han realizado alrededor de diez mil regularizaciones al año. Pero entre ninguna de estas demandas se encuentra la de Aziz. Según explica él mismo: “Dicen que no llevas cinco años en Bélgica o que no presentaste los documentos en el plazo estipulado. Pero yo cuento con documentos que lo confirman como facturas de la luz y atestaciones de asistencia a cursos de neerlandés”.

La segunda huelga de hambre para muchos

Varios de los huelguista de hambre de la rue des Chatreux ya hicieron uso de esta herramienta de lucha en 2009. Este es el caso de Ali Nasrallah, de 37 años y también de origen argelino, que aún se está recuperando de las secuelas de una abstinencia alimentaria de más de tres meses: “Para volver al régimen natural de comidas hacen falta alrededor de 3 semanas. Para sentirse físicamente restablecido hace falta más tiempo”.

En aquella primera huelga que participó, se alcanzó la escalofriante cifra de 600 inmigrantes. Si bien numerosas huelgas y ocupaciones de edificios públicos se han ido sucediendo a lo largo de esta última década en Bélgica, estos movimientos, que nunca habían alcanzado tal envergadura, jamás hicieron temer tanto al gobierno. Procedentes de más de una decena de nacionalidades distintas, los huelguistas ocuparon distintas instalaciones del la Universidad Libre de Bruselas (tanto la sección flamenca como la francófona), así como la iglesia de Béguinage, en pleno centro de Bruselas, como símbolo de protesta.

Ali también ayunó. “Sin huelga de hambre no hay nada”. Así ve las cosas desde que ha comprobado como tras sucesivas huelgas emprendidas por otros han desembocado en una regularización por parte del Gobierno. Sin embargo, éste no ha sido su caso. Al igual que el resto de sus compañeros por aquel entonces, lo único que sacó de aquella primera huelga fue un Certificado de registro por razones de salud, comúnmente conocido como la tarjeta naranja (al hacer referencia al color del documento), un certificado regulado por el artículo 9ter de la Ley sobre entrada, residencia, establecimiento y expulsión de extranjeros.

A través de este artículo, que ha dado nombre a un documental sobre la situación de esto inmigrantes en Bélgica, se permite a un extranjero obtener un permiso temporal de residencia cuando su vida corra peligro por cuestiones de salud, como es en el caso de las huelgas de hambre. Además, este documento permite al demandante permanecer en el país tres meses, con posibilidad de renovación, y ser beneficiarios de las ayudas del Estado (entre 700 euros y 460 euros) y de una cobertura sanitaria.

“No puedo trabajar, porque no tengo permiso de trabajo. No puedo inscribirme en la oficina de búsqueda de empleo porque no estoy regularizado”, son las principales quejas de los inmigrantes que obtienen la tarjeta naranja. Y es que este documento presenta una trampa: un inmigrante puede permanecer en Bélgica pero no puede trabajar.

¿Por qué entonces muchos emprenden una huelga de hambre? Prolongando su estancia en Bélgica, muchos esperan poder encontrar un empleo en el que lleguen a ser declarados. Este “regalo envenenado”, como le llaman algunos, se presenta como la única vía para alcanzar un estatus legal y sin embargo puede empujar a estos inmigrantes a trabajar en el mercado negro cuando no encuentran lo que buscaban en el tiempo que se les ha concedido.

Han tenido lugar tantas huelgas de hambre en Bélgica que “en un momento parecía que constituía un criterio para obtener la regularización”, afirma Alexis Deswaef miembro del gabinete “Le Quartier des Libertés” (El barrio de las libertades) un abogado belga que tomó bajo su tutela al colectivo de los huelguistas de hambre de la rue des Chartreux. Se llegó a plantear la idea de que absolutamente todos los inmigrantes en situación irregular de Bélgica se pusieran en huelga. Pero nunca se habría logrado, se encuentran en una situación de precariedad en la que “cada día de trabajo cuenta y tienen demasiados gastos a los que hacer frente”, apunta Deswaef, especialista en inmigración, derecho social y derecho internacional humanitario, que el año pasado presentó junto a otros abogados una querella criminal ante el Tribunal Federal de Bruselas contra Ehud Olmert, antiguo primer ministro israelí, por su presunta culpabilidad en los ataques por parte del ejercito de Israel a Gaza en 2009 y que se saldó con la vida de casi 1400 palestinos.

Su visión respecto al mensaje que las autoridades lanzan a la sociedad entorno a estos inmigrantes es clara. A día de hoy “se promueve la migración selectiva. Se envía a la sociedad el falso mensaje de que se va a echar a todos los inmigrantes sin papeles del país para que vengan otros inmigrantes más cualificados”. Y además de su posición rotunda en esta tendencia, Deswaef considera que la fórmula belga de contrato de trabajo = regularización, es todo un “fracaso”. “Muchos empresarios no quieren declarar a sus trabajadores. Así que prefieren buscar a otros que desempeñen las mismas tareas y por los que no sea necesario cotizar”. Y además entiende que con la decisión del gabinete del ministro de inmigración Melchior Wathelet, se han dejado las cosas claras: “ya no aceptamos más huelgas de hambre”, y por lo tanto, ya no aceptamos a más inmigrantes.

Un vacío comunitario

La cuestión de los inmigrantes sin permisos para estar en el país aparece como una laguna a nivel europeo, donde actualmente viven alrededor de cuatro millones de ciudadanos sin regularizar. “A diferencia de las políticas de asilo, donde sí existen unas normas de mínimos que armonizan las legislaciones nacionales, no existe ningún texto destinado a los inmigrantes clandestinos que se encuentran ya en Europa”, afirma Michele LeVoy, directora de la Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados (PICUM, por sus siglas en inglés), federación de ONG cuyo objetivo consiste en promover los derechos de este sector de la sociedad, cada vez más creciente en Europa.

Esta situación permite a los Estados miembros obrar sin ceñirse a un modelo único de seguimiento. De ahí la diferencia entre unos países y otros: mientras España o Italia han realizado distintas campañas de regularizaciones a lo largo de los últimos años, en Bélgica han pasado 10 años entre una y otra (1999 – 2009).

Según Michele LeVoy, que cuenta con experiencia en el ámbito del asilo en Estados Unidos y migración en Brasil, considera que las políticas europeas en esta materia son cada vez más cerradas y acusa a los Estados miembros de mantener una postura hipócrita: “Europa cierra los ojos ante la evidencia, tolerando la economía sumergida. Cada vez más cerrada, restringe el acceso legal a algunos inmigrantes más cualificados” y se olvida de los que ya están aquí. Es lo que iría en el camino de la inmigración selectiva. Como es el caso de la Directiva europea relativa a los trabajadores temporeros de países terceros que vienen a la Unión Europea. Esta Directiva, que aun está en proceso de debate, “cubre a todos los trabajadores temporeros que vienen del exterior, pero no alude en ningún momento a los que ya se encuentran aquí y desempeñan las mismas tareas”.

Aziz, que en ningún momento ha querido revelar su apellido lo dice bien claro: “Lo único que pido al gobierno es un permiso de trabajo para buscar un empleo. Algo digno”. Cuando se le pregunta que a qué le gustaría dedicarse si obtuviera un permiso de trabajo contesta:“ En principio me da lo mismo. Sólo un empleo. Aunque si de verdad pudiera elegir, me gustaría tener mi propio comercio”, como en Argelia.