Un permiso único para los inmigrantes legales

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el llamado “permiso único” para los inmigrantes legales, la directiva (ley-marco) que facilitará y agilizará la obtención de papeles de trabajo y residencia en los Veintisiete a través de una sola solicitud.
La Eurocámara ha respaldado la polémica propuesta por un apretado resultado de 311 y 216 en contra.

La directiva fue rechazada en diciembre después de que los ‘populares’ consiguieran introducir una enmienda que dificultaba la reagrupación familiar y los liberales, que en un primer momento iban a votar a favor, se unieran a los socialistas, movilizados por el eurodiputado español Alejandro Cercas, en el rechazo al texto.

Enmiendas

El texto aprobado finalmente no incluye la polémica enmienda, que cargaba burocráticamente a los inmigrantes que, tras conseguir el permiso único, querían estudiar o pedir la reagrupación familiar.

Sin embargo, tampoco se han incluido otras enmiendas presentadas por los grupos socialistas, GUE/NGL y los ecologistas del grupo Verde/ALE, en las que reclamaban más garantías de tipo social a los temporeros y a solicitantes de protección internacional (asilo).

Los socialistas y ex comunistas (GUE/NGL) han criticado que la propuesta no dé los mismos beneficios laborales y sociales a todos los inmigrantes.

La Comisión Europea ha alegado durante el proceso legislativo que prepara directivas específicas para estos dos grupos excluidos de la directiva de “permiso único”.

Los ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la UE analizarán las enmiendas aprobadas por el PE. De acuerdo con el Tratado de Lisboa, el Parlamento y el Consejo legislan conjuntamente en el ámbito de la inmigración legal. Reino Unido, Irlanda y Dinamarca no participan en la adopción de esta directiva.

Las claves: ¿A quién se aplicará esta normativa?

Estas normas se aplicarán a los extranjeros que soliciten la residencia para trabajar en uno de los Estados miembros o que ya residan legalmente en la UE.

Los diputados consideran que los trabajadores que estén desplazados deberían quedar excluidos del permiso único. Sin embargo, aclaran que “esto no debería impedir que los nacionales de terceros países que residan legalmente y estén legalmente empleados en el territorio de un Estado miembro y que estén destinados a otro país de la UE se beneficien del mismo trato que los nacionales del Estado miembro de origen durante su comisión de servicio”.

De acuerdo con la Eurocámara, el permiso único tampoco debería aplicarse a los empleados de multinacionales que se desplazan a una de las delegaciones de su empresa en la UE. Los trabajadores estacionales también quedarían excluidos. Ambos grupos quedarán cubiertos por dos directivas de la UE ya presentadas por la Comisión Europea.

Los residentes de larga duración y los refugiados, que ya están incluidos en otras normativas comunitarias, también quedarían fuera del ámbito de aplicación del permiso único, al igual que los trabajadores autónomos y los marineros que faenan en buques comunitarios.

Seguridad social

Los Estados miembros podrían limitar el acceso a la seguridad social, excepto para los inmigrantes que estén trabajando o que hayan trabajado al menos seis meses y que estén registrados en las oficinas del paro.

En cuanto a las prestaciones familiares, los países de la UE podrían decidir aplicarlas solo a los inmigrantes autorizados a trabajar en la UE un mínimo de seis meses.

Pensiones y ventajas fiscales

Los diputados defienden que los trabajadores extranjeros puedan recibir sus pensiones cuando regresen a su país de origen en las mismas condiciones y con los mismos porcentajes que los nacionales del Estado miembro en el que hayan cotizado.

Por otra parte, los inmigrantes cubiertos por esta directiva podrían beneficiarse de una serie de ventajas fiscales. Sin embargo, sus familias solo podrían optar a estas en caso de residir en el Estado miembro donde está empleado el trabajador.

Servicios públicos y formación

Los países de la UE también podrían decidir que solo los inmigrantes que están trabajando tienen acceso a los bienes y servicios públicos, como la vivienda.

El derecho a la formación profesional y a la educación podría circunscribirse a los inmigrantes que trabajan o han trabajado. Aquellos que residan en la UE para cursar estudios quedarían excluidos de la formación profesional. En el caso de los trabajadores que quieran cursar estudios universitarios no relacionados con su trabajo, los Estados miembros podrían exigirles una prueba de dominio del idioma.