La BBC entrevistó a algunas organizaciones civiles en México para conocer la situación de los indocumentados tras haberse cumplido un año del hallazgo de los 72 inmigrantes asesinados en un rancho en San Fernando, Tamaulipas. Tras todo este tiempo, la situación ha cambiado muy poco: los secuestros masivos de migrantes siguen en algunas regiones del sureste mexicano, igual que las agresiones y homicidios. Y si bien las autoridades capturaron a los probables responsables de la masacre, vinculados con el cartel de narcotráfico de Los Zetas, hasta ahora ninguno ha sido sentenciado por el delito.
Fernando Batista, visitador de la independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), le dice BBC Mundo que los indocumentados en tránsito por el país son una población altamente vulnerable. “Es una señal de la ausencia de política pública concreta y efectiva, en materia de prevención de delitos cometidos en contra de los migrantes, por la falta de coordinación de las autoridades”, explica.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala comparte esta percepción. A través de un comunicado advierte que tras la masacre en San Fernando “ha existido un considerable deterioro en la seguridad de la comunidad guatemalteca migrante en los Estados Unidos Mexicanos”.
La matanza de inmigrantes en Tamaulipas provocó algunas diferencias diplomáticas entre México y los gobiernos de Centroamérica, que parecieron endurecer el tono de sus reclamos por la seguridad de sus migrantes. Por ejemplo, la Cancillería de Guatemala dijo que el gobierno mexicano no atendió su petición para conservar los 13 cuerpos que permanecían sin identificar, pues entre ellos podría haber ciudadanos guatemaltecos.
Y es que en marzo pasado se logró ubicar entre los cadáveres que permanecían en la morgue a Nancy Pineda, originaria de la región de Escuintla. “Lamentablemente, a pesar de la solicitud de la Cancillería, los 13 cuerpos pendientes de identificar fueron enterrados el pasado mes de junio”, señala el Ministerio.
El gobierno guatemalteco exige que no se cierre la investigación de la masacre. Las autoridades de México responden que han hecho su tarea. “El gobierno mexicano ha cumplido, como lo hemos manifestado tanto a entidades nacionales como a organismos internacionales, del avance de estas investigaciones”, dijo el subsecretario de Gobernación, René Zenteno.
Más allá de las diferencias diplomáticas, lo cierto es que la violencia contra inmigrantes centroamericanos no se detiene, insiste el sacerdote Alejandro Solalinde, responsable de la católica Pastoral de Movilidad Humana en el sureste de México.
El caso más reciente fue el homicidio del guatemalteco Julio Cardona Agustín, en Tultitlán, municipio vecino a Ciudad de México. El inmigrante fue “vendido” por policías locales a un grupo de jóvenes que lo asesinaron a pedradas. Cardona había formado parte de la Caravana Paso a Paso por la Paz, una marcha de indocumentados y activistas que inició en Guatemala para reclamar un mejor trato a los inmigrantes.
Estas historias suceden cotidianamente, afirma Solalinde. “Hay una impunidad total. ¿Dónde está el castigo a los funcionarios que protegen a los secuestradores? El resultado es desastroso”, dice en conversación con BBC Mundo.
Un informe que la CNDH entregó al relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos documenta el secuestro de 11.333 indocumentados, sólo entre abril y septiembre de 2010. Después de esa fecha no se conocen las cifras, pero organizaciones civiles estiman que diariamente son plagiados 62 inmigrantes.
Para frenar la violencia, los gobiernos de México y Centroamérica firmaron un acuerdo para ordenar el flujo migratorio en la región, así como proteger los derechos humanos de los indocumentados. Además, recientemente el Congreso mexicano modificó la Ley General de Población para cancelar las sanciones a quienes ingresen al país sin documentos.
Las medidas son insuficientes, porque el control del flujo migratorio en México se mantiene como una tarea de seguridad pública, asegura Solalinde. Y el visitador de la CNDH, Fernando Batista, completa: “Es importante que hechos como el de agosto de 2010 no queden en la impunidad, para evitar que en lo futuro se repitan”.
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