La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión o CIDH) visitó México del 25 julio al 2 de agosto la para observar la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en México. En las observaciones preliminares de la relatoría, entre otros puntos, la CIDH hace hincapié en los crímenes de trata que afectan “particularmente a mujeres centroamericanas, que son obligadas a desempeñarse como trabajadoras sexuales”.
Asimismo, apunta a que son las mujeres, en particular las niñas y las adolescentes, las personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad de ser explotadas sexualmente en centros botaneros, bares y cantinas. “Las mujeres víctimas de trata y tráfico son vendidas por sus secuestradores, coyotes o polleros a otros grupos de la delincuencia organizada, que las obligan a prostituirse o a realizar tareas domésticas en casas de seguridad o lugares en los que tienen secuestrados a migrantes.
En el Informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, la Comisión Interamericana señaló que una política pública sobre seguridad ciudadana “debe prestar atención calificada a la relación de las fuerzas policiales con las personas migrantes y sus familias, reconociendo que las mujeres, niñas, niños y adolescentes en esta condición son los que muestran mayores niveles de vulnerabilidad. En muchos países de la región, las personas migrantes no son solamente estigmatizadas y responsabilizadas por amplios sectores de la población del incremento de la violencia y la delincuencia, sino que son víctimas privilegiadas de la criminalidad y de la violencia estatal y privada”.
La relatoría sostiene que “la complejidad y gravedad de la situación de inseguridad que atraviesan los migrantes en México requiere de respuestas integrales que vaya mas allá de la participación tradicional de las áreas encargadas de la seguridad, como son las fuerzas de policía. En este sentido, todas las áreas del Estado deben involucrarse para asegurar el respeto a los derechos humanos de los migrantes”.
En este contexto, la CIDH recomienda:
Garantizar de manera inmediata la vida y la integridad personal de los migrantes en territorio mexicano mediante acciones concretas que faciliten el tránsito seguro de todos los habitantes, por ejemplo, el establecimiento de centros de atención a migrantes en las rutas migratorias, el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes, campañas masivas de información sobre los derechos de los migrantes, entre otras;
Facilitar medios de transporte seguros y adecuar los existentes para que cumplan con condiciones mínimas de seguridad;
Garantizar la seguridad en todas las terminales de transporte y albergues para migrantes;
Iniciar de manera inmediata una consulta amplia y transparente con la sociedad civil y todas las áreas del Estado Federal y Estadual vinculadas con los asuntos migratorios, para la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración;
Contemplar en el futuro Reglamento la excepcionalidad de la detención según los estándares interamericanos y garantizar de la manera más amplia posible el otorgamiento de documentación que facilite el tránsito de los migrantes;
Contemplar en el futuro Reglamento mecanismos alternativos a la detención;
Facilitar el acceso a las organizaciones de la sociedad civil para verificar la situación de los migrantes detenidos en las estaciones migratorias. La sola acreditación de la 13organización debe ser suficiente para que puedan acceder durante los horarios de visita;
Garantizar condiciones de seguridad para las y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes;
Garantizar el acceso de los migrantes a la justicia mediante medidas que incluyan asesoramiento jurídico gratuito y el establecimiento de un programa de protección a víctimas y testigos de delitos cometidos contra migrantes;
Establecer protocolos, en consulta con la sociedad civil, en relación con el manejo y la identificación de los cadáveres;
Consultar con organizaciones de la sociedad civil especializada y con expertos independientes los asuntos relacionados con la identificación de los cuerpos sin vida hallados;
Capacitar periódicamente a todos los funcionarios federales y estaduales en relación con la prevención e investigación de los delitos;
A todos los países de la región, coordinar sus políticas migratorias para asegurar los derechos humanos de todos los habitantes.
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