El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, aseguró que si se comprueba que existen en Uruguay trabajadoras domésticas con los documentos retenidos, se actuará de forma inmediata y en el marco de la justicia penal, ya que se trataría de un secuestro.
El miércoles la dirigente gremial, Graciela Espinosa, dijo a El Espectador que en determinados barrios privados de la ciudad hay mujeres extranjeras trabajando como empleadas domésticas a las que los patrones les retiran los documentos y les cierran las puertas para que no puedan salir a la calle.
La gremialista afirmó que muchas de estas mujeres se desempeñan en barrios privados, donde para el gremio es muy difícil acceder y por lo tanto no pueden recibir asesoramiento.
El ministro de Trabajo dijo a El Espectador que tras escuchar estas declaraciones se puso en contacto con el sindicato para ver si efectivamente hay información que demuestre que estas prácticas se llevan a cabo en nuestro país. Afirmó que si se constata una situación de este tipo se actuará de inmediato ya que se trataría nada más y nada menos que de un “secuestro”.
Brenta afirmó que “si el Ministerio recibe una denuncia concreta va a actuar en el marco de lo que la ley establece, que es la inspección correspondiente. En el caso de que la persona se niegue a que sea inspeccionado el domicilio, se recurrirá a la Justicia y eventualmente a una orden de allanamiento a los efectos de descartar cualquier posibilidad de que nos encontremos con una situación que constituye un grave ilícito, no sólo en el marco de la Justicia laboral sino también de la Justicia Penal”.
El secretario de Estado afirmó que en la Secretaría de Estado nunca recibieron denuncias sobre este tipo de delito y afirmó que a pesar de la fuerte actividad inspectiva que realiza el Ministerio, nunca se detectó una situación de estas características.
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