Las nuevas leyes en Tennessee dificultarán la situación de los indocumentados en 2011

Na serie de leyes que entraron en vigor con el inicio de 2011 en Tennessee y propuestas que los legisladores planean aprobar este año complicará aún más la situación de los indocumentados de este estado.
Desde el 1 de enero pasado, comenzó a aplicarse la legislación que requiere a las cárceles locales comprobar el estatus migratorio de todos los detenidos, independientemente del cargo por el cual fueron arrestados.
Los guardias de las cárceles deben realizar a cada persona dos preguntas: dónde nació y si se encuentra en el país legalmente.
De sospecharse que la persona no tiene documentos migratorios, el centro de detención estará obligado -por ley estatal- a enviar los datos y la fotografía del individuo a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
ICE decidirá en última instancia si toma bajo custodia al extranjero e inicia su proceso de deportación o toma otra solución sobre el caso.
Mediante un comunicado enviado hoy a Efe, ICE resaltó que “están listos para recibir la información provenientes de las autoridades del orden público en Tennessee”.
Sin embargo, darán prioridad a los casos que involucren a criminales y a los individuos que representen una amenaza para la seguridad nacional, aunque ICE enfatizó que ya tienen en marcha varios programas que identifican y detienen a los indocumentados.
Hasta el momento, cuatro condados participan en el programa Comunidades Seguras, una tecnología biométrica que coteja al instante las huellas dactilares de los detenidos en cárceles locales con las bases de datos de ICE y de la Oficina Federal de Investigación (FBI) para determinar su historial migratorio y criminal.
Asimismo, dos localidades implementan el 287g, que ofrece entrenamiento a los alguaciles para cuestionar el estatus migratorio de los inmigrantes y el Programa de Detención de Criminales (CAP).
Las medidas -especialmente Comunidades Seguras y el 287g- han resultado en la identificación de indocumentados que cometieron faltas menores como pescar sin licencia y conducir con el permiso de manejar vencido.
La ley ha sido criticada fuertemente por los grupos que defienden a los cerca de 150.000 inmigrantes sin papeles que se calcula residen en este estado, porque no ofrece entrenamiento adecuado de los alguaciles para tratar con los inmigrantes.
“Crea una presión sin razón a los guardias de las cárceles para que se conviertan en expertos en inmigración”, afirmó a los medios Stephen Fotopulos, director ejecutivo de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes Refugiados de Tennessee (TIRRC).
También por no otorgar los fondos adicionales a las cárceles para cumplir con la medida, que carece además de supervisión y acceso directo a las bases de datos de inmigración.
“Por cada detenido, será más caro para el estado por los costos de su encarcelamiento, lo que beneficia sólo a las corporaciones privadas, cuyo negocio es mantener a la gente en prisión, la mayoría acusados de infracciones menores”, afirmó a Efe Kasar Abdulla, directora de abogacía de TIRRC.
La Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU) de Tennessee además manifestó su preocupación, ya que la ley genera situaciones de perfil racial en la detención por parte de los agentes del deber a inmigrantes por falta menores de tránsito en vez de emitir multas.
Varias demandas fueron presentadas el año pasado contra el estado por inmigrantes argumentando violación a sus derechos civiles y detenciones injustificadas de la policía.
Por otra parte, se anticipa que los legisladores inicien a principios de año una serie de discusiones para implementar una dura legislación anti-inmigrante similar a la SB1070 de Arizona, la primera en el país en criminalizar a indocumentados.
Entre los principales aspectos de la legislación destacan convertir en delito estatal el encontrarse en el país sin papeles migratorios y permitir a las agencias locales del orden público detener a “cualquier persona” sospechosa de ser indocumentada.
“Esta ley criminalizaría a cierta clase de persona. Ya sabemos los beneficiados y los perjudicados, son los que pagan impuestos, trabajadores inmigrantes, sus hijos estadounidenses y todo el estado”, enfatizó Abdulla.
Hasta el momento, los impulsores de la ley no han dado a conocer el impacto económico que generaría al estado tomando en cuenta las pérdidas ocasionadas en Arizona, que según cálculos del Centro de Progreso Americano suman los 141 millones de dólares.
“Leyes como las que quieren pasar copiando a Arizona no solo dañan la imagen de nuestro estado sino su economía y al final no resuelven nada porque inmigración es un asunto del Gobierno federal”, concluyó Abdulla.