Suiza: La “Iniciativa sobre la Expulsión” no puede olvidar los derechos humanos

A Amnistía Internacional le preocupa mucho el referéndum celebrado en Suiza para incluir una enmienda a la Constitución suiza que permitiría la expulsión “automática” e inmediata a su país de origen de ciudadanos extranjeros condenados por ciertos delitos comunes. Según informan los medios de comunicación, en la consulta popular, conocida como de “Iniciativa sobre la Expulsión” (die Ausschafungsinitiative o l’Initiative sur le renvoi), el 52,9 por ciento de la población ha votado a favor de la enmienda.
 El referéndum de Iniciativa sobre la Expulsión se celebró tras una campaña del populista Partido Popular de Suiza (Schweizerische Volkspartei, SVP o Union Démocratique du Centre, UDC), que recurrió a material publicitario claramente discriminatorio y xenófobo, como un cartel donde podía leerse: “Ivan S., violador y ¿pronto ciudadano suizo?”, u otro con un dibujo en el que una oveja blanca cocea a otra negra expulsándola de Suiza. En los últimos años, el Partido Popular y sus simpatizantes han iniciado en Suiza varios referéndums sobre temas populistas relacionados con la inmigración y la seguridad.
En la práctica, la enmienda a la Constitución violaría las obligaciones de Suiza en virtud del derecho internacional, en particular la de no devolver a nadie a un país donde corra peligro de sufrir tortura u otras formas de persecución. Se trata de un peligro obvio, ya que las nuevas disposiciones de expulsión se aplicarían a solicitantes de asilo y personas reconocidas como refugiadas, dejándolas sin derecho a un recurso efectivo. Además, la disposición no respeta el derecho a la familia y a la vida privada de los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes.
El referéndum apoya una enmienda a la Constitución suiza según la cual los ciudadanos extranjeros condenados por determinados delitos comunes – asesinato, violación, atraco a mano armada, trata de personas, narcotráfico, robo y fraude a la seguridad social– pueden ser desposeídos inmediatamente de su permiso de residencia y su derecho a permanecer en el país. La enmienda da a los legisladores total discreción para designar los delitos que provocarían la expulsión.
Los ciudadanos extranjeros que, según la enmienda que exige el referéndum, pierden su derecho a vivir en Suiza serán expulsados por la autoridad cantonal competente y sometidos a una orden que les impedirá volver a Suiza durante un plazo que oscila entre 5 y 15 años. Si se trata de reincidentes, el plazo puede ampliarse hasta los 20 años. La persona sometida a esa orden de exclusión de Suiza puede ser procesada si vuelve a entrar al país durante el plazo indicado.
Suiza está obligada a garantizar que nadie es devuelto a un país donde pueda correr un peligro real de ser torturado, expuesto a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o sufrir otras graves violaciones de derechos humanos. También está obligada a respetar el derecho a la vida privada y familiar, como dispone el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos).
Los convenios internacionales y regionales de derechos humanos en los que Suiza es Estado Parte –la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Convenio sobre los Derechos del Niño–establecen firmemente la prohibición de la devolución. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido numerosos fallos en casos relativos al artículo 3 del Convenio Europeo en los que ha mantenido clara e inequívocamente el principio de no devolución (non-refoulement).
La prohibición de la devolución implica la obligación de no extraditar, expulsar o sacar de cualquier otra forma a una persona del territorio de un país si existen motivos de peso para creer que esa persona corre verdadero peligro de sufrir daños irreparables, bien en el país al que será llevada o bien en cualquier otro al que la persona podría ser trasladada posteriormente. El principio se aplica a todas las personas que están bajo la jurisdicción de un Estado Parte, incluidos solicitantes de asilo y refugiados. No es derogable y se aplica en cualquier circunstancia. La prohibición contra la tortura es absoluta.
Muchos inmigrantes de segunda y tercera generación cuyos padres no eran suizos en el momento de su nacimiento conservan la nacionalidad del país de origen de su familia y no se han nacionalizado como suizos. La disposición de expulsión automática de la enmienda a la Constitución suiza que exige la Iniciativa sobre Deportación podría exigir la devolución de un inmigrante de segunda o tercera generación al país de origen de su familia, donde puede que ya no tenga lazos familiares o sociales, o que nunca los haya tenido.
La enmienda que exige el referéndum elimina toda posibilidad de apelar la orden de expulsión, que dictaría la oficina de inmigración del cantón suizo donde resida la persona afectada. Esta anulación del derecho a apelar al nivel cantonal o federal también supondría una vulneración del derecho a un recurso efectivo consagrado en varios instrumentos internacionales en los que Suiza es Estado Parte.
Amnistía Internacional insta a las autoridades suizas a que cumplan con sus obligaciones en virtud de los convenios internacionales de derechos humanos y no lleven a cabo la expulsión de ciudadanos extranjeros si dicha expulsión viola el principio de no devolución. Suiza debe asimismo garantizar a las personas que pueden ser expulsadas la oportunidad de apelar con todas las garantías procesales.