América Latina ineficaz en combate a trata de personas

"El combate ha terminado en respuestas más formales que reales, como los cambios legales. No hay interés de los estados, no es una prioridad", criticó a IPS Ana Hidalgo, de la oficina en Costa Rica de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la institución intergubernamental que promueve una migración ordenada y justa.
Hidalgo forma parte de los 450 académicos y activistas que participaron en Puebla, en el Segundo Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas,.
"Se atiende a una víctima y se inicia un proceso penal, pero no hay sentencia porque hay impunidad. El consumidor, léase el prostituyente o el violador, no está captado en la fórmula", señaló la abogada Ana Chávez, del Servicio Paz y Justicia de Argentina.
En México cada año unas 20.000 personas serían víctimas de la trata, según el no gubernamental Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), uno de cuyos ejes es el estudio de ese fenómeno.
En América Latina esa cifra es de 250.000 personas, con una ganancia de 1.350 millones de dólares para las bandas, según estadísticas de la mexicana Secretaría (ministerio) de Seguridad Pública. Pero los datos sobre el fenómeno son variables, si bien las Naciones Unidas subraya que el delito se ha exacerbado en el comienzo del siglo.
Organizaciones como la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe calculan que más de cinco millones de ellas han sido atrapadas por esas redes criminales y otros 10 millones se encuentran en peligro de caer en ellas.
Según la OIM, la trata de personas se refiere a "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras fuerzas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación".
En cambio, el tráfico de personas se circunscribe al negocio de traslado e ingreso ilegal de migrantes.
América Latina es una región emisora y receptora de la trata de seres humanos, un delito en que República Dominicana, Brasil y Colombia son los principales países afectados.
El anfitrión del congreso, el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, David Fernández Dávalos, dijo durante la inauguración que el tráfico de personas "es la versión contemporánea y especialmente maligna de la esclavitud de antaño, pero mucho más oculta y disimulada".
El 31 de agosto, el secretario general de las Naciones Unidas, el coreano Ban Ki-Moon, urgió a los países miembros a implementar un Plan Mundial contra la Trata de Personas porque es "una de las peores violaciones a los derechos humanos, la esclavitud de los tiempos modernos" y "la mayoría de las víctimas son mujeres y niños".

El congreso coincide con la celebración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, instaurado en 1999 por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas.
En el caso mexicano, autoridades oficiales y organizaciones no gubernamentales coinciden en que se ha constatado que las mafias criminales combinan el tráfico de personas con el tráfico de drogas, tanto en la frontera sur como norte del país.
a mayoría de países latinoamericanos ha aprobado marcos legales en contra de la trata y han ratificado el Protocolo para Reprimir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en vigor desde el 29 de septiembre de 2003.
En México existe desde 2007 la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, pero el gobierno aún no crea el Programa Nacional en esa materia, estipulada por la normativa referida.
El congreso de Puebla, que sigue al realizado en Buenos Aires en 2008, se produce al mes siguiente de la matanza de 72 inmigrantes indocumentados en el nororiental estado de Tamaulipas, que evidenció la conexión entre el tráfico de drogas y de personas y desató una crisis migratoria en México.
"Lo primero es que no se ve el problema y mientras el Estado no haga modificaciones legales adecuadas, no se va a avanzar. Queremos ver acciones pertinentes", planteó a IPS Miguel Ortega, miembro de la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles, una red mexicana que aglutina a 50 agrupaciones.
"Nuestras investigaciones han encontrado la trata de mujeres nicaragüenses hacia Guatemala o Costa Rica, de hondureñas hacia ese país o México", apuntó Hidalgo, de la OIM.
En Ecuador, en la sureña provincia de El Oro, mujeres oriundas de Colombia y Perú han terminado en la prostitución, según una investigación de dos años de Martha Ruiz, consultora responsable de la actualización y reelaboración del Plan Nacional contra la Trata de Personas de Ecuador.