El naufragio en Lampedusa
y la expulsión de una niña gitana en Francia han reavivado el debate sobre la
inmigración en Europa. Algunos países han restringido el acceso de los
inmigrantes a los servicios públicos y han simplificado los trámites de
deportación.
La muerte de 339 inmigrantes africanos en el naufragio de un barco
frente a las costas de Lampedusa, en Italia, y la expulsión de una estudiante
kosovar de etnia gitana en Francia -a quien ayer se le permitió retornar al
país, pero sin su familia- han puesto en el tapete el tema de la inmigración en
Europa, donde a la llegada de expatriados por el Mediterráneo, que no tiene
visos de disminuir, se suma el éxodo provocado por el estallido de la Primavera
Arabe, en 2011, y el desgobierno en el que quedaron algunos de los países tras
derrocar a los viejos regímenes. Frente a este escenario, en el Viejo
Continente se ha posicionado cada vez más un discurso antiinmigración como
consecuencia del auge de los partidos de ultraderecha, lo que ha derivado en un
endurecimiento sin precedentes de las normativas en materia de inmigración.
REINO UNIDO
Ya en marzo el primer ministro David Cameron había declarado: “El acceso
a los servicios públicos debe ser algo que los inmigrantes se ganen y no un
derecho automático”. La inmigración es uno de los caballos de batalla del
gobierno británico, que ha prometido reducir para 2015 la cifra de inmigrantes
sin papeles de “cientos de miles” a “decenas de miles”. Desde hace ya dos años
en Reino Unido -país que no forma parte del Acuerdo de Schengen de libre
circulación- están en vigor disposiciones muy estrictas para impedir la llegada
al país de inmigrantes procedentes de la Europa “pobre” y particularmente de
rumanos y búlgaros. Pero ahora Cameron planea una reforma con la Ley de
Inmigración, con el objetivo de seleccionar a los inmigrantes que entran al
país y simplificar los trámites de deportación. Pretende además impedir el
recurso a entidades superiores en caso de negociación de asilo. Los inmigrantes
que estén poco tiempo tendrán que pagar sus gastos de salud y los propietarios
de viviendas deberán comprobar el estatus de sus inquilinos. Asimismo, se
verificará el estatus de residencia de extranjeros antes de que puedan sacar el
carné de conducir y los bancos estarán obligados a chequear la situación legal
de los foráneos.
ITALIA
Tras el fatídico naufragio en Lampedusa, el primer ministro de Italia,
Enrico Letta, ordenó triplicar el número de unidades navales y aéreas que
vigilan las costas del país y el canal de Sicilia. Sin embargo, Letta volvió a
insistir en la conveniencia de reformar la ley Bossi-Fini sobre inmigración,
que considera “delincuentes” a los inmigrantes ilegales. La norma de 2002,
nombrada así por sus promotores, Umberto Bossi (Liga Norte) y Gianfranco Fini
(Alianza Nacional), prevé el delito de complicidad con la inmigración ilegal
para quien lleve a Italia a inmigrantes sin permiso de entrada, aplicable, por
tanto, a quienes asisten a barcos de indocumentados en apuros. Además, en 2009
entró en vigor el delito de inmigración ilegal, que no conlleva penas de
cárcel, pero sí multas y una más rápida expulsión de los indocumentados. No
obstante, fue en el año 2011, con la explosión de la Primavera Arabe y la
llegada de inmigrantes tunecinos a las costas del sur de Italia, cuando el
Ejecutivo de Silvio Berlusconi radicalizó aún más su política migratoria.
Instauró así la obligatoriedad del examen de italiano para renovar los permisos
de residencia y el visado por puntos para todos los inmigrantes y amplió de
seis a 18 meses el plazo máximo de retención a ciudadanos extranjeros en los
centros de expulsión.
ESPAÑA
Bajo el mismo argumento esgrimido por Cameron en Reino Unido, el
gobierno español de Mariano Rajoy excluyó a los inmigrantes en situación irregular
del Sistema Nacional de Salud alegando un supuesto abuso por parte de los
extranjeros de los servicios sanitarios estatales. Miles de inmigrantes
indocumentados quedaron sin cobertura médica a partir del 1 de septiembre de
2012 tras la decisión del Ejecutivo de retirarles la tarjeta de salud, como
parte de sus severos recortes sociales. Según la prensa local, los inmigrantes
en situación irregular tendrán derecho exclusivamente a las urgencias, la
maternidad y la atención infantil hasta los 18 años. En tanto, polémica ha
generado el proyecto de reforma del Código Penal, el cual contemplaría un
artículo que sanciona con multas y penas de cárcel a quienes
“intencionadamente” ayuden a extranjeros indocumentados a “permanecer” en
España. Sin embargo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, señaló
que no se contempla sancionar a quienes presten ayuda humanitaria a los
inmigrantes, sino la actividad de las mafias, de los grupos organizados y de
quienes hagan trata de personas. “Jamás, jamás, cualquier ayuda realizada a los
inmigrantes cuando sea humanitaria será punible”, insistió Gallardón.
FRANCIA
Durante la última campaña presidencial, la líder ultraderechista Marine
Le Pen acusó a la inmigración, oficialmente evaluada en 200.000 entradas al
año, de ser la responsable de todos los males del país. El ahora ex presidente
Nicolas Sarkozy no dudó en entrar de lleno en el debate: “Si las fronteras de
Europa no se protegen de una inmigración descontrolada (...) ya no habrá un
modelo francés y tampoco una civilización europea”, advirtió. Su búsqueda por
el electorado conservador lo llevó a aprobar en mayo de 2011 la quinta Ley de
Inmigración de Francia desde 2003, la que en un principio contemplaba el retiro
de la nacionalidad a las personas naturalizadas en el país que atentaran contra
policías y agentes de la autoridad. Finalmente, Sarkozy tuvo que echar marcha
atrás en este aspecto. Asimismo, proporcionó una cobertura legal para expulsar
a los inmigrantes gitanos provenientes de Rumania o Bulgaria. También el
socialista François Hollande, a la postre vencedor de las elecciones, cedió a
la presión de Le Pen y aseguró días antes de la segunda vuelta de las
presidenciales que si él ganaba limitaría el número de inmigrantes que entran
en el país. Y lo está cumpliendo. El Ministerio de Interior -a cargo de Manuel
Valls- indicó que en los ocho primeros meses de 2013 Francia expulsó a 18.126
inmigrantes sin papeles, y que a finales de año su número será de unos 21.000,
la misma cifra de 2012.
ALEMANIA
Si bien una ley de 2005 pone el acento en la integración y permite
quedarse más tiempo a los inmigrantes calificados, en 2010, después del
prolongado debate sobre la integración de los extranjeros en Alemania -en
especial de los musulmanes-, el gabinete de Angela Merkel aprobó un proyecto
para endurecer algunos puntos de la ley de extranjería y migración, que
contemplaban, entre otros, un mayor control de asistencia a los cursos de
integración. Estos últimos se han vuelto obligatorios incluso para residentes
de larga duración, que pueden ser obligados a realizar los cursos, que de ser
rechazados podrían perder el derecho a la seguridad social, así como a la
renovación de su permiso de residencia. Asimismo, Berlín, junto con Viena y
Londres, ha bloqueado la demanda de Rumania y Bulgaria de adherirse al tratado
de Schengen, que elimina las fronteras internas en la UE. Pero, paralelamente
el gobierno de Angela Merkel aprobó en febrero una modificación de las leyes de
inmigración para facilitar la incorporación al mercado laboral germano de
trabajadores calificados de países que no pertenezcan a la UE, con el objetivo
de paliar la escasez de empleados en algunos sectores productivos. En 2012,
cerca de 966.000 extranjeros llegaron a Alemania para probar suerte, lo que
representa un alza del 15% con respecto de 2011 y un récord desde 1995.
Fernando Fuentes
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