Ecuador: 'La trata de personas es aún un delito tolerado'

Ministerio del Interior inició plan de sensibilización. Hay cifras que revelan la actuación de redes organizadas
Desde que se tipificó la trata de personas, en 2005, solo se han expedido en el país tres sentencias condenatorias en el campo de la explotación laboral y dos por fines ilícitos, lo que se explicaría en que ese tipo penal, calificado de lesa humanidad, sigue siendo en el país un problema "invisible" o "tolerado" socialmente.
Esta cifras y esas reflexiones fueron mencionadas ayer en un seminario dirigido a periodistas por parte del Ministerio del Interior, que desde enero ha puesto a funcionar la Unidad contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Como expositores intervinieron el subsecretario de Garantías Democráticas de esa Cartera, Diego Falconí, y la fiscal de delincuencia organizada Tania Moreno, quienes admitieron que en el país hay un trecho largo por recorrer en la institucionalización del combate, juzgamiento, prevención, protección de víctimas y la restitución de sus derechos.
"Estamos, en cierta manera, en observación por organismos internacionales. No llegamos aún a cumplir con estándares (internacionales) mínimos", dijo el funcionario del Ministerio.
Esos estándares mínimos se refiere, inicialmente, a que en el país no hay una legislación que penalice acorde con esas referencias o que reglamente las acciones del Estado, de tal manera que se definen sus políticas. En el campo de la penalización, hay una propuesta específica dentro del proyecto de Código Integral Penal, remitido a la Asamblea Nacional. En ese cuerpo se ha fijado penas que en un sistema acumulativo van de 19 años a 35 años.
Actualmente, hay delitos conexos que se sancionan individualmente, como es el transporte ilegal de personas, la falsificación de documentos públicos, etc. La propuesta es que cualquier punto de la cadena sea considerada dentro del tipo penal de la trata.
En el campo del control y combate, esas limitadas capacidades se reflejan en el escaso personal policial especializado en el área, que cuenta con 20 efectivos.
El tema trasciende el campo político, dijo Falconí, destacando que el evento precisamente era una muestra de que el problema y las soluciones deben ser compartidas por los sectores público y privado.
Su exposición estuvo acompañada de cifras de la incidencia de este delito en el país, contextualizadas en el orden mundial en donde este negocio ilícito ocupa el tercer lugar (entre el tráfico de drogas y el tráfico de armas) y movería entre $32 000 millones y $35 000 millones.

Según datos de establecidos en el informe global de la Organización de la ONU contra la Droga y el Delito, la incidencia de este problema en el país se observa que el 66% de las víctimas de trata son mujeres, 13% son niñas y 9% niños. Y de esos porcentajes, el 79% de las víctimas son destinadas a la explotación sexual.
También se observa que el país es de tránsito, de origen (desde donde se lleva personas a otros países) y de destino (víctimas que han sido violentadas en otros países y son comercializadas como mercancías aquí).
También se señala que un 10% se mantiene en el Ecuador en la zona fronteriza con Colombia.
En la agenda de la Subsecretaría, señalaron los organizadores del seminario, está una campaña inicial de sensiblización y visibilización del tema, que marcha paralela a la elaboración y presentación de un Plan Nacional contra la trata. (LB)

Las cifras dicen:
La trata a escala mundial mueve $32 mil millones. La ONU afirma que 2,5 millones de personas en todo el mundo en un momento dado son captadas, atrapadas, transportadas y explotadas.
Cada año, 1,2 millones de niños son víctimas de trata en todo el mundo, dentro de sus países o en países ajenos. La mayoría de las víctimas tiene entre 18 y 24 años.
El 95% de las víctimas sufre violencia fisica o sexual. El 43% en su mayoría son mujeres. el 32% sufren explotación laboral.
En el ecuador, la mayoría de mujeres secuestradas son llevadas en rutas que van por Caribe-Europa hasta la China y sudeste asiático (40%), por Centroamérica a EEUU (30%) y a Colombia (20%). La explotación interna tendría incidencia para ciudadanos peruanos (laboral-sur) y colombianos (sexual-norte)

Fuente: Hoy on line