La vida sin inmigrantes en Alabama

De acuerdo con este reportaje de la BBC, los dueños de las plantaciones de Alabama se enfrentan a un panorama sombrío: impotentes, contemplan cómo se pudren sus cosechas, sin haber encontrado aún sustitutos para los miles de indocumentados que hasta hace menos de un mes recogían sus tomates y papas en largas jornadas bajo el sol.
La entrada en vigor de la ley migratoria estatal, considerada la más severa de EE.UU., provocó un éxodo en los campos de este estado sureño y pocos estadounidenses o residentes legales desempleados han ocupado esos trabajos.
Si nada cambia, la situación se agravará en febrero cuando comience la temporada de siembra en los invernaderos. Ante el temor a la ruina, los empresarios agrícolas se han movilizado para exigir una solución al gobernador, el republicano Robert Bentley.
A pesar del incierto futuro para la agricultura de Alabama, en EE.UU. continúan escuchándose las voces de quienes piden más leyes como la de este estado, que desde el 28 de septiembre permite a la policía exigir los documentos a cualquier sospechoso de no tener permiso para permanecer en el país. Además, autoriza a las escuelas a revisar el estatus migratorio de sus alumnos.
El dilema de los agricultores de Alabama ha sido visto por los activistas hispanos como una prueba contundente de que el país no puede prescindir de los sin papeles. Su reivindicación es respaldada por economistas que advierten que si se aprobara una ley como la de Alabama a escala nacional, las consecuencias para la agricultura serían catastróficas.
“Se hundiría toda la agricultura estadounidense de trabajo intensivo”, afirma Tamar Jacoby, presidenta de ImmigrationWorks USA, una federación de pequeños empresarios que pide una reforma migratoria. “No solo perjudicaría a los empresarios agrícolas”, advierte en conversación con BBC Mundo.“También al resto del país. Los consumidores pagarían más por los productos agrícolas, y otros negocios indirectamente relacionados con la agricultura también sufrirían las consecuencias: fabricantes de fertilizantes, de maquinaria agrícola, restaurantes…”.
“La producción de alimentos se trasladaría a México y otros países. No podríamos competir con sus precios”, vaticina Peter Callan, profesor de Economía de la universidad Virginia Tech.
Se estima que alrededor de la mitad de los trabajadores del campo no tiene papeles.
El profesor de la Universidad de California, Philip Martin, calcula que de los 2,5 millones de trabajadores agrícolas, 1,2 millones, el 48%, no tienen papeles.
Martin, no obstante, cree que el impacto de legalizar la mano de obra agrícola no sería tan grande. Según ha escrito este experto citado por quienes exigen más deportaciones, el costo para el bolsillo de los estadounidenses sería insignificante.
Martin reconoce que habría que pagarle mucho más a un trabajador estadounidense, pero argumenta que los hogares de EE.UU. no notarían en demasía el aumento ya que el gasto en frutas y verduras es incluso menor al de bebidas alcohólicas.
Según sus estudios, si los salarios agrícolas aumentasen un 40%, el sobrecosto para una familia no sería de más de US$15 al año, el precio de dos entradas de cine, mientras que los trabajadores del campo mejorarían notablemente sus condiciones.
El caso es que para que eso se cumpla harían falta estadounidenses a los que no les importe el trabajo sacrificado de las plantaciones. Y en Alabama de momento no hay suficientes, a pesar del desempleo del 9,9%, más alto que la media nacional del 9%.
También en el vecino estado de Georgia, que en primavera endureció su ley de inmigración, los terratenientes están quejándose de escasez de mano de obra.
Jerry Spencer, presidente de Grow Alabama, una cooperativa agrícola que promueve una industria sustentable, considera que los legisladores de Alabama parecieron no pensar en el problema actual.
“Parecían estar soñando. No consideraron que pocos estadounidenses tienen la suficiente fuerza mental y física para desplazarse de la ciudad al campo en trayectos de más de una hora y aguantar las jornadas de trabajo de un indocumentado”, dice en conversación telefónica con BBC Mundo.
Spencer dice que hace unos días acompañó a 60 desempleados a su primer jornal en una plantación del condado de Birmingham, en Alabama, y que al día siguiente más de la mitad habían abandonado.
“Los trabajadores hispanos que se marcharon ganaban en unas diez horas entre US$100 y US$300 recogiendo cajas de tomates, mientras que estos nacionales no eran capaces de aguantar más de seis horas para ganar unos US$25″, dice Spencer.
Jacoby, la presidenta de ImmigrationWorks USA, observa que este desinterés por las labores del campo ha crecido conforme los estadounidenses han aumentado su nivel de estudios.
En 1960, la mitad de los trabajadores de EE.UU. habían abandonado la escuela para dedicarse a trabajos poco cualificados en la agricultura o la construcción. Hoy, menos del 10% de la fuerza de trabajo carece del título de los estudios secundarios.
Una de las soluciones propuestas para los apuros de los terratenientes de Alabama es un programa de empleo temporal para extranjeros.
Sin embargo, los empresarios agrícolas afirman que estos programas son costosos porque se ven obligados a pagar el alojamiento de los jornaleros, entre otros gastos.
Mientras buscan una solución, Alabama ofrece un buen argumento a quienes intentan demostrar que los indocumentados no son una carga, sino más bien un pilar imprescindible para el país.