Un estudio comparativo de políticas de integración de inmigrantes en 31 países de Europa y América del Norte, sitúa a España en el octavo mejor puesto en la clasificación general, aunque falla en educación y en facilidades para lograr la ciudadanía. Por contra, España encabeza la clasificación en asuntos como integración económica y acceso a la vida familiar, han destacado los responsables del III Índice de Políticas de Integración de los Migrantes (MIPEX, por sus siglas en inglés).
Elaborado por el British Council y el Migration Policy Group, el informe analiza si los gobiernos conceden los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades a todos los residentes, siguiendo las normas internacionales acordadas entre los estados miembros de la UE.
El informe fue elaborado con datos de 2009 y destaca que España es el mayor receptor de inmigración en Europa con 3.376.810 nacionales de terceros países y que se encuentra a la cabeza de los nuevos países de inmigración en integración económica y acceso a la vida familiar.
Así, España se encuentra en el octavo mejor puesto gracias a que “todos los residentes, independientemente de su nacionalidad, tienen las mismas oportunidades legales para conseguir un empleo, y mayores garantías y derechos laborales asociados a éste”, afirma el informe.
No obstante, apunta que “como en la mayoría de los países, sólo ha abordado parcialmente el desproporcionado impacto de la crisis en los residentes extranjeros”.
Así, en una escala del 1 al cien, España obtiene 85 puntos por las facilidades que otorga a la reagrupación familiar, y 84 en materia de movilidad en el mercado laboral.
También las medidas en favor de los extranjeros residentes de larga duración obtienen una puntuación alta (78).
Más baja, pero aún por encima de la media, es la puntuación española en cuanto a facilitar la participación política de los extranjeros, una categoría en la que España obtiene 56 puntos.
En el otro extremo de los parámetros analizados se encuentran los de medidas para evitar la discriminación (49) “debido a la falta de fortaleza de organismos encargados de este tema” y facilidades de acceso a la nacionalidad (39) que el estudio considera que son “la peor vía de obtención de la ciudadanía de los recién llegados y de sus descendientes”.
España también suspende en una categoría que el informe incluye este año por primera vez, el de la educación, donde obtiene 49 puntos y se sitúa en décimo tercer lugar, aunque también reconoce “nuevas fortalezas en el acceso a centros escolares y en educación para la ciudadanía”.
En el acto de presentación, también ha participado la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, quien ha reconocido que “hay que mejorar” en muchos aspectos, pero también ha subrayado la inmigración en España es un fenómeno relativamente nuevo y súbito, al que ha habido que adaptarse en muy poco tiempo.
A ello se suma la complejidad que supone el tener que pactar la mayoría de estas políticas con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
Terrón ha argumentado también que el informe se basa sólo en las normas vigentes y que no atiende al contexto y modo en que se aplican.
Así, ha planteado que pese a que la ley establece 10 años de residencia para conseguir la residencia, lo cierto es que los inmigrantes latinoamericanos la puede obtener en tan solo dos.
En cuanto a la educación, la secretaria de Estado ha planteado la oportunidad de juzgar a España por los niveles de la segunda generación de inmigrantes, puesto que la primera generación llega al país en la edad adulta y para trabajar, y son sus hijos los que se benefician de los derechos educativos.
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