Está en proceso de preparación la plataforma y los procedimientos institucionales que garantizarán la implementación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social que reconoce a los migrantes los años de trabajo en países de América Latina, España y Portugal para su jubilación. El convenio entró en vigencia desde el 1º de mayo, luego de ser suscrito por 14 países -entre ellos Bolivia- y beneficiará a cerca de 600 millones de personas cuya historia laboral comprende varios países.
Sus alcances y cobertura fueron explicados durante una sesión de trabajo organizada por el proyecto “Abriendo Mundos” a cargo de la Coordinadora de la Mujer.
El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social nace de la necesidad de brindar protección de los derechos individuales de millones de trabajadores migrantes y sus familias, en un aspecto tan sensible como es la garantía de la seguridad económica en la vejez, la incapacidad o muerte; el cual posibilita la acumulación de los períodos cotizados en distintos Estados para la obtención de las prestaciones y da la alternativa de percibirlas en un país distinto de aquel en el que se generaron, estableciendo como principio básico la igualdad de trato de todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad.
Autoridades de gobierno y representantes de organizaciones de la sociedad civil, reconocieron la importancia del convenio iberoamericano que permitirá a los migrantes acumular sus años de trabajo en España, Portugal y 12 países latinoamericanos para acceder a una jubilación.
España y Bolivia fueron los primeros países que ratificaron el convenio, ratificando de esa manera el reconocimiento de los derechos jubilatorios de los trabajadores migrantes.
Durante la sesión de trabajo con la que el proyecto “Abriendo Mundos” inició un proceso sostenido de información y divulgación, el representante del Instituto Iberoamericano de Seguridad Social, Dr. Juan José Auza, explicó que el convenio beneficiará a mujeres y hombres que hayan efectuado aportes en cualquiera de los estados parte, para la cobertura de las prestaciones económicas de invalidez, vejez, supervivencia y de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional.
Por su parte, la coordinadora del proyecto Abriendo Mundos en Bolivia, Mónica Corona, destacó la importancia de su implementación para las mujeres inmigrantes que contribuyen con su trabajo a la generación de importantes recursos para el desarrollo de sus familias y sus comunidades locales.
A pesar de destacar la trascendencia del convenio, Germán Guaygua de la Dirección General de Asuntos Consulares, advirtió que un elevado porcentaje de bolivianos y bolivianas terminará excluido de este beneficio debido a su condición de migrante irregular. Aseguró que sólo en España se estima que cerca del 70 por ciento de los/as migrantes no tiene regularizada su residencia y, por tanto, trabaja en condiciones precarias y no aporta al sistema de seguridad social.
Frente a ese panorama, Iver Lara, responsable del Centro de Atención al Migrante de ISCOD Bolivia, planteó la necesidad de formular convenios bilaterales con los países donde los flujos migratorios son significativos, especialmente España, para garantizar que el sistema de cotizaciones incluya a todos/as los/as migrantes bolivianos.
Bruno Apaza, representante de la Central Obrera Boliviana, expresó su satisfacción por los avances en materia de protección laboral de los migrantes bolivianos pero advirtió que la implementación de los convenios sólo será posible con la participación social y una actitud de vigilancia y exigibilidad de derechos.
La diputada Carmen Durán, que además es representante del Parlamento Andino, dijo que estamos en puertas de consolidar un sistema global de protección de los derechos laborales de los trabajadores migrantes y sus familias y destacó como ejemplo la puesta en vigencia de la Tarjeta Laboral Andina en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Por su parte Walter Arce, representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Bolivia, la ratificación del convenio y la firma del acuerdo de aplicación constituyen un paso trascendental para avanzar en la plena vigencia de los derechos laborales. Advirtió que su implementación no estará exenta de dificultades dado que exige de voluntad política de los países involucrados y de una estructura institucional que debe garantizar su implementación.
Este primer espacio de divulgación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, provocó gran expectativa entre la población boliviana migrante. Lilia Camacho, boliviana migrante radicada en Argentina desde hace 24 años y representante de la Red de Comunicadores aseguró que será ardua la tarea de difusión para garantizar que los/as trabajadores/as bolivianos/as recuperen sus aportes y los transformen efectivamente en rentas jubilatorias.
¿Cómo hacemos para cobrar nuestros años de aportes?, se preguntó, al advertir que un alto porcentaje de bolivianos/as en Argentina trabajan en condiciones precarias y desconocen sus derechos. Sugirió una campaña sistemática de información y difusión para garantizar la implementación del convenio, para que no ocurra lo que ocurre con convenios similares como los del MERCOSUR que ya reconocer el derecho a la jubilación y a cobertura en salud pero que no se ponen en vigencia.
El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social que protege los derechos de los trabajadores migrantes, sus familias y los trabajadores de multinacionales, como garantía de la seguridad económica en materia de pensiones de invalidez, vejez y muerte y sobrevivencia, fue unánimemente adoptado por la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, celebrada en Santiago de Chile (2007), suscrito a la fecha por catorce países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela) y, ratificado ya por ocho países, que han depositado a través de la OISS el instrumento de ratificación en la Secretaria General Iberoamericana, entre ellos: Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay y Portugal, se configura como la base normativa del que será uno de los instrumentos jurídicos más importantes vinculante establecido hasta el momento por la Comunidad Iberoamericana.
Según el acuerdo de Aplicación del Convenio, firmado por el Ministro de Relaciones exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social es la institución responsable de adoptar las disposiciones generales y garantizar las condiciones institucionales para su aplicabilidad plena.
Su origen se asienta en la V Conferencia de Ministros y Máximos Responsables de Seguridad Social de los países de Iberoamérica, celebrada en Segovia, España en el año 2005 y, de los acuerdos de la XV y XVI Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, que condujeron a la aprobación del texto del Convenio Multilateral, por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno en la XVII Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, en noviembre de 2007.
El Convenio se configura como la base normativa del que será uno de los instrumentos jurídicos más importantes vinculante establecido hasta el momento por la Comunidad Iberoamericana
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