Karina Palma
La Defensoría Penal Pública y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desarrollaron el Seminario Internacional “Justicia y Migración: Una mirada desde los derechos humanos”. Instancia en la que se evidenciaron las deudas y avances que Chile contempla en esta materia.
En medio de la interpelación al ministro del Interior, Mario Fernández, que aprobó la Cámara de Diputados por el retraso que ha tenido el proyecto de ley sobre migraciones, distintos especialistas discutieron sobre este tema para avanzar hacia una legislación acorde a los estándares internacionales.
El Defensor Nacional, Andrés Mahnke, explicó que existen dos escenarios en los que los derechos de los migrantes se pueden ver amagados, por una parte el régimen administrativo de ingreso y registro de los extranjeros y, por otra, la igualdad frente al acceso a la justicia.
Sobre el primero, que refiere al estatuto migratorio, reconoció que Chile se encuentra en deuda y que debe generar un mecanismo de regulación que se ajuste a los convenios internacionales que se comprometió a respetar.
“Resulta fundamental contar con un estatuto de migración inspirado en un enfoque de Derechos Humanos y no en la óptica de la seguridad interna, la cual genera una mirada sospechosa y vigilante sobre el extranjero. El régimen migratorio debe separar claramente el ámbito administrativo del criminal y no penalizar infracciones que corresponden a asuntos de la administración”, sostuvo.
Mientras que Felipe González, relator especial sobre Derechos de Migrantes de las Naciones Unidas, comentó que para generar una política migratoria acorde es importante contar con una institucionalidad moderna que aborde sistemáticamente este tema, lo que en caso chilenos aún no se concreta.
Además, señaló que es importante tener una aproximación global sobre la materia y preguntarse también cómo son tratados por otros países los chilenos que emigran, considerando que hay más de 900 mil que residen en otras partes del mundo.
“Este es un fenómeno que se da a nivel internacional, no es que todo el sur esté desembocando en Chile. Se debe dar prioridad al enfoque de derecho y no solo en términos retóricos, reconocer la necesidad de una institucionalidad y promover el acceso a la justicia para que los derechos no queden en el papel”, afirmó.
Gabriela Cabello, jefa subrogante del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, valoró algunos avances en políticas migratorias como, por ejemplo: la visa por motivos laborales, la visa por unión civil, el sello migrante y el programa “La escuela somos todos”, que permite que los niños que no están en una situación regular puedan acceder a una visa de estudiantes y residencia legal en Chile.
Para el relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luis Vargas es fundamental que dentro de las políticas públicas se abandone la expresión “inmigrantes ilegales”.
“Nunca se debe utilizar para efectos de empezar a reconocer la dignidad de los seres humanos que tienen necesidad migrar. Esta movilidad existe desde tiempos inmemoriales, hoy lo hacen en busca de una mejor vida o bien porque se han visto forzados a hacerlo”, indicó.
Eduardo Vio, juez chileno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue enfático al señalar que el tema migrante no es un asunto de competencia exclusiva de los Estados, ya que éstos deben regirse por instrumentos internacionales.
Actualmente, el 75 por ciento de los extranjeros que viven en Chile son de origen latinoamericano, siendo Perú, Argentina y Bolivia los países que más residentes estables contemplan. En cuanto a las residencias temporales, entre 2015 y 2016, han aumentado las solicitudes de personas provenientes de Colombia, Haití y Venezuela.
Del mismo modo, durante los últimos años se han triplicado las visas de trabajo, concentrándose principalmente en población masculina que reside en Santiago y las regiones del norte del país.
Diario Uchile
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