La crisis en España dejó a muchos sin trabajo y sin casa, acarreándoles deudas astronómicas que ahora temen les sean cobradas en su país, y por eso los inmigrantes ecuatorianos aprovecharon la visita del presidente Rafael Correa a Madrid para urgirle que defienda sus derechos.
"Colocamos nuestra situación, porque considero que el presidente no estába enterado, y le pediremos la aprobación de una ley a favor de los inmigrantes ecuatorianos hipotecados aquí en España", explicó a la AFP Aída Quinatoa, presidenta de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE).
De visita en España tras un viaje a Turquía, Correa se reunio el sábado con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y con representantes de la comunidad ecuatoriana, encabezados por Quinatoa.
Originaria de Chilianes, esta mujer quechua, que vive en España desde hace 12 años, compró en 2004 por 164.000 euros (unos 214.000 dólares) un pequeño apartamento en un barrio popular de Madrid con un crédito a 30 años.
Como otros ecuatorianos denuncia haber sido víctima de "hipotecas basura", negociadas por una empresa, la Central Hipotecaria del Inmigrante, investigada ahora por estafa.
Mediante una trama de avales cruzados, obtenían préstamos para personas sin solvencia haciendo que unos inmigrantes se corresponsabilizasen de la hipoteca de otros a los que ni siquiera conocían.
"Es como un dominó, uno cae y el resto va detrás", explica Aída, mientras con su falda negra floreada, pendientes de artesanía y un sombrero típico de su tierra se dispone a encabezar una manifestación.
Desde el comienzo de la crisis financiera en 2008, y el estallido de la burbuja inmobiliaria, unas 300.000 familias fueron desalojadas de sus casas en España, donde el desempleo no deja de crecer.
A finales de 2011 un 22,85% de la población no tenía trabajo, pero esta tasa se dispara a 60% cuando se refiere a los 350.000 inmigrantes ecuatorianos que viven en el país.
La situación es tan grave que "para poder afrontar sus gastos aquí en España algunas familias empezaron a utilizar sus ahorros del Ecuador, de sus cuentas y también vendiendo propiedades", asegura el Secretario Nacional del Migrante, Francisco Hagó, calificando este fenómeno de "remesas inversas".
Otros, sin recursos, sueñan con regresar a su país.
Pero desde que la filial española del mayor banco privado de Ecuador, Pichincha, comenzó a comprar créditos hipotecarios en España temen que las deudas les sean cobradas allí.
Para impedirlo, el movimiento indígena Pachakutik promueve un proyecto de ley en Quito en coordinación con la CONADEE, que estima en unos 15.000 los ecuatorianos afectados por las hipotecas en España.
"No fueron informados debidamente de las consecuencias" y ahora están en una "situación de indefensión", explica el abogado Rafael Mayoral, coordinador de un servicio de asistencia jurídica de la embajada de Ecuador en Madrid.
"Con un trabajo en la construcción fui una de las primera víctimas en caer", se lamenta Jaime Efraín Malla, de 43 años, que llegó hace 14 desde Loja.
Por falta de pago, en noviembre el banco le confiscó una casa que había comprado por 219.000 euros. "La subastaron por la mitad, pero me siguen reclamando 150.000 euros", explica.
"Nos engañaron a los inmigrantes cuando España estaba en el boom del ladrillo", fustiga Daniel Auquilla, de 65 años, también de Loja.
Elisabeth Quishpe, 25 años, originaria de Quito, denuncia falsificaciones de documentos y peticiones de sobornos.
"Hace cinco años me dieron una hipoteca siendo una estudiante sin permiso de trabajo", explica. "Luego me enteré por la señora de la inmobiliaria que ella falsificó contrato y nóminas mías" y que "tuvimos que pagar al director del banco y a la secretaria para que me concediesen el crédito", agrega esta madre de dos niños desahuciada con su familia en octubre. (AFP)
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