El gobierno de Mauricio Macri tiene a los inmigrantes de países vecinos bajo un manto de sospecha. El propio presidente es hijo de inmigrantes, pero italianos, como la mayoría de los argentinos. Una investigación de 2006 estableció que la contribución europea a la mezcla genética del país austral es del 79,9%. ¿De dónde vienen tus abuelos? es una pregunta habitual, en especial entre la influyente clase media.
Pero en las últimas décadas se detuvo la corriente migratoria europea y comenzó otra más silenciosa y empobrecida, la que viene por tierra a través de las fronteras con Bolivia y Paraguay, o más recientemente en vuelos desde Colombia o Perú.
Hoy se estima que más de la mitad de los habitantes de las denominadas “villas miseria” son extranjeros. El color de piel ha pasado a ser un distintivo social, dando paso a brotes de xenofobia y racismo incluso contra argentinos mestizos a los que muchos denominan despectivamente “negros”. Y cuando la violencia se incrementa por factores relacionados a la realidad social o educativa, comienzan a escucharse voces que endilgan responsabilidades a la inmigración.
El presidente ha puesto el ojo en este punto. En especial en el narcotráfico, dominado por “capos” peruanos en barrios carenciados, o “narcos” colombianos y mexicanos en residencias lujosas en la rica zona norte bonaerense. “No podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir. Necesitamos articular con los demás países para saber quién es quién”, sostuvo Macri.
El tema cobró voltaje tras el crimen de Brian Aguinaco, de solo 14 años, en el barrio de Flores, cuna del papa Francisco. Brian fue baleado el 29 de diciembre por “motochorros” (delincuentes en moto) al quedar en medio de un tiroteo. El presunto autor del crimen es otro adolescente llamado Brian Joel Cruz González, de 15 años y nacionalidad peruana, considerado inimputable por la ley argentina al ser menor de edad.
El caso disparó el debate para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El Gobierno quiere convocar a una comisión especial para diagramar un anteproyecto de reforma de la ley. Tras el homicidio, el padre del acusado se lo llevó a Chile, donde fue enviado de regreso a la Argentina. Las autoridades finalmente lo deportaron a Perú, donde hoy vive con sus abuelos. “Mi hijo fue señalado por toda la Argentina.
Los canales (de TV) y los diarios lo presentaron como un delincuente terrible. Dieron su nombre, mostraron su cara, hasta el día de hoy, en Perú, lo siguen persiguiendo. La Policía merodea la casa y los periodistas le golpean la puerta para que salga. El daño psicológico que le hicieron es grande. Lo destruyeron a él y a toda la familia”, dijo su madre, Adriana Gonzales Cuadrado, quien cumple prisión domiciliaria luego de un juicio abreviado por una causa de drogas. La mujer dijo que su hijo es inocente y denunció que es víctima de discriminación. “Tuve que cerrar mi Facebook por todas las cosas horribles que la gente escribía”, aseguró..
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